Ecologistas piden una reunión urgente sobre el hotel ilegal en Benaocaz

Ecologistas en Acción ha demandado una reunión "urgente" de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema para, entre otras cuestiones, abordar la oposición del Ayuntamiento de Benaocaz al derribo de una construcción ilegal enclavada en Tavizna.

En un comunicado, la organización ecologista no entiende el "silencio" de la Junta Rectora, y dicen que debe pronunciarse al tener encomendada una función de "control y vigilancia" del cumplimiento de la normativa del parque natural.

Ecologistas en Acción lamenta que las construcciones ilegales vuelvan a ser "motivo de enfrentamiento político entre partidos y administraciones", a pesar de que tanto unos como otros debían mantener una "actitud unánime de tolerancia cero ante la especulación y la corrupción urbanística", han declarado.

El colectivo entiende que es competencia de la Junta Rectora llevar a cabo las gestiones necesarias para "hacer cumplir la legalidad" en este espacio protegido, recordando que el edificio motivo de la polémica fue construido de forma "ilegal" sobre un suelo que el PGOU de Benaocaz califica como no urbanizable y especialmente protegido.

Ecologistas en Acción ha recordado que la propia Consejería lleva "dos años boicoteando la realización de un informe sobre la situación urbanística del parque natural", un documento que fue propuesto por el grupo y que contó con el apoyo de la junta rectora.

El documento tenía como objetivo analizar las causas de las ilegalidades urbanísticas en este espacio protegido, así como proponer y adoptar medidas que contasen con el más amplio respaldo institucional y social para cortar "de raíz" el problema del urbanismo "especulativo e ilegal".

El pasado 29 de diciembre, el alcalde del municipio gaditano de Benaocaz, Juan María Mangana (PP), y un grupo de vecinos impidieron la demolición del Hotel Tavizna, una construcción ilegal ubicada en el Parque Natural Sierra de Grazalema.

La demolición debió suspenderse después de que los manifestantes colocaran varios coches ante la construcción e impidieran el acceso de las máquinas, evitando la Consejería de Medio Ambiente el uso de la fuerza para garantizar el cumplimiento de la orden judicial.