Declara como imputado un nuevo trabajador de la perrera de Puerto Real

El caso de la perrera de Puerto Real continúa en fase de instrucción y ayer declaró un nuevo imputado. En este caso se trata de otor trabajador de la instalaciones que se encargaba de incinerar a los alnimales. Con éste ya son ocho los imputados en el procedimiento abierto en el Juzgado nº 2 de Puerto Real. Entre ellos se encuentran el dueño de la perrera, la directora, el veterinario titular, el antiguo veterinario y cuatro trabajadores.

Además, según señala la organización El Refugio que fue la encargada de denunciar los hechos en junio de 2007, declara como testigo en el procedimiento un veterinario de reconocido prestigio en Cádiz. Este profesional indicó que "el suministro de Mioflex se realizaba desde el año 1994". En su declaración ante la Juez, "confirma que los ayuntamientos de Cádiz, Puerto Real y San Fernando, entre otros, estaban al corriente de las numerosas irregularidades que se cometían en la perrera de Puerto Real", según recoge la nota de prensa de la asociación. El veterinario en sus visitas a la perrera pudo ver en varias ocasiones animales hacinados, enfermos, con diarreas o sangrando e incluso uno con un hueso fuera. También pudo ver animales accidentados o moribundos y perros agonizando durante varios días.

El encargado de incinerar los animales en la perrera de Puerto Real en su declaración como imputado asegura que se incineraban unos 50 ó 60 animales al día.

La perrera de Puerto Real lleva más de un año cerrada sin ninguna actividad, como así lo demuestran los informes que tiene la obligación de presentar mensualmente en el Juzgado nº2 de Puerto Real el dueño de la misma.

“Son ya ocho los imputados y el nuevo testigo deja muy claro el uso del Mioflex desde 1994 y confirma en su declaración ante la Juez el conocimiento por parte de los ayuntamientos de Cádiz, Puerto Real y San Fernando de las irregularidades cometidas en la perrera de Puerto Real. A día de hoy la perrera de Puerto Real permanece totalmente cerrada”, indicó Nacho Paunero, Presidente de El Refugio.

En la perrera de Puerto Real se recogían miles de perros y gatos, anualmente, de varios municipios de la provincia de Cádiz. Supuestamente los animales recogidos eran sacrificados con un paralizante muscular que era inyectado indiscriminadamente ocasionando a los perros y gatos recogidos una muerte lenta y agónica por asfixia que en la mayoría de las ocasiones podía durar varios minutos, durante los cuales el perro o el gato esta absolutamente consciente hasta que muere asfixiado ya que afecta a los músculos respiratorios.