El desarrollo de la Plaza de Sevilla se frena por el 'indulto' a la Aduana

La Junta anunció ayer el indulto para la Aduana nueva, un edificio de finales de los años 50 que iba a ser derribado para dar paso a una nueva ordenación en la plaza de Sevilla. A pesar de que el consejero de Obras Públicas, Luis García Garrido, firmó el pasado mes de febrero el convenio que contemplaba la demolición de este inmueble, ayer la Delegación de Cultura decidió enmendarle la plana e incluirlo en el Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea, para que posteriormente se agregue al Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz. ¿Y qué significa esto? Pues que está bajo el amparo de los artículos 13 y 14 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, lo que supone que no sólo no se pueden tocar, sino que hay que darle mantenimiento y vigilar su estado de conservación.

La decisión se la comunicó ayer la delegada de Cultura, Yolanda Peinado, mediante una carta a uno de los impulsores del Foro contra el Derribo de la Aduana, el abogado José Ramón Pérez Díaz-Alersi. Sólo seis meses antes, en una entrevista concedida a La Voz, Peinado había admitido como más que probable la posibilidad de que la Aduana fuera eliminada «porque no había motivos técnicos» para lo contrario.

Peinado heredó esta polémica de su predecesora, Dolores Caballero, a quien los miembros del Foro le pidieron su intervención para evitar el derribo. La polémica surgió en octubre de 2007, cuando un grupo de personas, encabezadas por el arquitecto José María Esteban y el abogado José Ramón Pérez Díaz-Alersi, comenzaron a protestar por esta anunciada demolición alegando que el edificio tenía valor histórico y patrimonial y que era el único ejemplo arquitectónico de su época. No estaban solos.

Algunos arquitectos, historiadores del arte y ciudadanos a título particular se les unieron. Comenzaron a recoger firmas. Reunieron hasta 2.600 que presentaron en el Registro del Ayuntamiento, aunque nunca consiguieron que les recibiera la alcaldesa, Teófila Martínez. Mientras tanto, las negociaciones para firmar el convenio de la plaza de Sevilla y la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) seguían su curso.

Finalmente, el convenio se firmó el pasado mes de febrero por las tres administraciones implicadas: Garrido, como consejero de Obras Públicas; la alcaldesa, Teófila Martínez; y el presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Antonio González Marín.

En el texto del acuerdo se establecían los compromisos que tenía que ejecutar cada una de las administraciones. A la Junta de Andalucía le correspondía hacer la estación de autobuses; Adif tenía la encomienda de realizar varios trámites burocráticos, entre ellos, la cesión al Ayuntamiento de los terrenos libres de toda carga, y el Consistorio se comprometió a hacer el aparcamiento y las negociaciones con el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria para la cesión (mediante compensación con un nuevo edificio o espacio para sus oficinas) de la Aduana para su posterior derribo.

«Esta acción -dice textualmete el convenio- se considera clave para el desarrollo de la operación, dado el lugar estratégico que ocupa el mencionado edificio, por ocultar la fachada principal de la estación histórica». El importe económico de la operación, incluso, está recogido en uno de los apartados del texto.

Pero con esta vuelta de tuerca, esa parte del convenio queda en entredicho y tampoco se ha aclarado si será necesario modificar el proyecto realizado por el arquitecto César Portela.

Las razones de la Junta

Ni el mismo arquitecto, con el que ayer se puso en contacto La Voz, sabe si será necesario hacer un proyecto nuevo ni si lo firmará él. Portela manifestó que si la Junta ha decidido proteger el edificio «seguro que tiene buenas razones». En cualquier caso, señaló que su idea, tal y como la concibió, ya no se llevará a cabo: «Un jardín es una cosa y un edificio, otra». Efectivamente, en su plan se diseñaba la demolición de la Aduana para dejar a la vista el edificio que lleva tapándola 50 años.

A Portela la noticia le sorprendió en su despacho de Pontevedra. Pero no fue el único que prefirió no explayarse. Desde la central de Adif en Sevilla se dijo que era una cuestión que sólo atañe al Ayuntamiento; una respuesta semejante a la de la Delegación de Obras Públicas en Cádiz. Y desde la Casa de San Juan de Dios se prefirió esperar a la comunicación oficial de la Junta «para poder estudiar las consecuencias». «El Ayuntamiento de Cádiz nunca ha entrado en la polémica y no va a entrar ahora», manifestaron.

Por aclarar queda también si será válida la última modificación puntual del PGOU que debió de hacerse para desarrollar este proyecto, un trámite que llevó varios años y que concluyó el pasado mes de agosto, con la aprobación definitiva.

Es cierto que la Aduana es sólo una pequeña parte de ese conglomerado que incluye nuevas zonas comerciales, edificios de oficinas, un hotel sobre el vestíbulo, un aparcamiento subterráneo, una estación de autobuses y zonas verdes. Pero no es un detalle del proyecto, sino un edificio.

Tanto la Junta como los miembros del Foro contra el Derribo de la Aduana creen que el giro que ha dado este culebrón no afectará el desarrollo de las obras y que el gran nudo de comunicaciones en el que se pretende convertir la plaza de Sevilla estará listo para la conmemoración del Bicentenario, para la que sólo faltan tres años.

mcaballero@lavozdigital.es