Dívar acudirá al Congreso pero no hablará del 'caso Tirado'

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial ( CGPJ ), Grabriela Bravo, ha confirmado que el presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Dívar, tiene previsto comparecer después de las vacaciones de Navidad en el Congreso de los Diputados, pero matiza que, al ser también el presidente del Tribunal Supremo, no podrá pronunciarse acerca de la sanción de 1.500 euros impuesta el martes por el Pleno del Consejo al juez Rafael Tirado por su error en el 'caso Mari Luz', tal y como solicita el PSOE.

"La comparecencia está prevista para principios de año, una vez iniciado el año parlamentario para explicar las actuaciones y decisiones del Consejo con la limitación respecto a las decisiones que tienen que ser revisadas por el Tribunal Supremo", indica Bravo, quien afirma respetar la decisión del PSOE.

No obstante, la portavoz del CGPJ insiste en que Divar "no podrá pronunciarse sobre asuntos que han de ser revisados por la vía jurisdiccional por el Tribunal Supremo, teniendo en cuenta que es su presidente". Con estas declaraciones, Bravo se refería al hecho de que la sanción de 1.500 euros impuesta a Tirado por su tardanza a la hora de ejecutar una sentencia pendiente por abusos sexuales al presunto asesino de la joven Mari Luz Cortés aun debe ser estudiada por el alto tribunal a partir del recurso presentado por la Fiscalía.

El PSOE pide que comparezca

El grupo socialista quiere explicaciones del Consejo General del Poder Judicial sobre la decisión de mantener en 1.500 euros la multa al juez del 'caso Mari Luz', Rafeal Tirado. Con ese objetivo el grupo parlamentario ha formalizado la petición de comparecencia de Carlos Dívar, máximo responsable del Consejo. La iniciativa la adelantó ayer el responsable de Política Municipal del PSOE, Álvaro Cuesta, que acusó al CGPJ de "no estar a la alatura".

Sólo horas después de esas duras declaraciones de Cuesta el PSOE registraba el escrito por el que reclama que Dívar acuda a la Comisión de Justicia de la Cámara Baja. En su requerimiento, el grupo parlamentario socialista pide que Dívar comparezca para informar "sobre política disciplinaria del Consejo y de inspección de los tribunales".

Aunque la solicitud ha sido presentada hoy, la comparecencia no podrá celebrarse hasta el próximo mes de febrero, cuando el Congreso reanude su actividad, salvo acuerdo previo de la Diputación Permanente. En la pasada legislatura, el anterior presidente del CGPJ, Francisco José Hernando, únicamente acudió al Parlamento para presentar la memoria anual de este órgano, pero no para otras peticiones tramitadas por los grupos relativas a sus opiniones sobre el Estatuto de Cataluña y la aplicación de la ley en los delitos de terrorismo.

Apoyo expreso de Zapatero

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado que quiere que el máximo responsable del Consejo explique ante toda la ciudadanía la decisión de confirmar la multa al juez Tirado. En la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros del año, Rodríguez Zapatero respaldaba así la petición socialista de comparecencia de Dívar. Según ha apuntado, la transparencia en la toma de decisiones de alguien que ejerce un poder del Estado, como es el judicial, "es buena".

Tras expresar su discrepancia "profunda y seria" con la decisión del CGPJ de confirmar la multa al juez de Sevilla, Zapatero ha subrayado que el Ministerio de Justicia "trabaja ya" en la reforma del régimen disciplinario de los jueces, como anuncio el ministro Fernández Bermejo nada más conocer la resolución del Consejo. "Quienes representan la voluntad democrática de los ciudadanos tienen la responsabilidad especial de intentar que estas cosas no vuelvan a suceder", apuntaba el presidente. Para ello, ha indicado, "tenemos la obligación de hacer las reformas que sean necesarias para fortalecer más lo que tiene que ser la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho y la responsabilidad de los servidores públicos".

El presidente, que ha anunciado que el Ejecutivo estudiará "todos los caminos legales" que puedan existir en este caso concreto, ha mostrado su respaldo al recurso anunciado por la Fiscalía, que pedía que Tirado fuera suspendido durante 3 años, y ha dicho que el Gobierno "cree interpretar una voluntad amplia de la opinión publica expresando esta discrepancia profunda, seria".