El Gobierno afirma que el pacto sobre financiación está en su «recta final»

El Gobierno alimenta las expectativas sobre la inminencia de un acuerdo sobre la financiación y la Generalitat de Cataluña deja caer un jarro de agua fría. Si el ministro de Economía, Pedro Solbes, aseguró ayer que las negociaciones están ya muy avanzadas y apuntó hacia este fin de semana como momento clave para el empujón definitivo, el consejero de Economía del Ejecutivo catalán, Antoni Castells, replicó que aún existen discrepancias sobre «aspectos clave» del nuevo sistema. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, no obstante, restó importancia al aviso.

La número dos del Ejecutivo insistió, tras el Consejo de Ministros, en que la negociación está ya en su «recta final» y situó la rúbrica de un acuerdo definitivo para antes «o justo después» de que acabe el año. El Gobierno insiste en que la fecha del 31 de diciembre, a la que se comprometió con la administración catalana, carece de importancia real porque, se apruebe cuando se apruebe el modelo, tendrá vigencia desde el 1 de enero de 2009. Pero para el 'president', José Montilla, el cumplimiento del plazo marcado tiene un valor crucial: afecta a la estabilidad institucional del tripartito.

Montilla se enfrenta a las presiones de sus socios de Gobierno, pero también tiene que lidiar con las reivindicaciones internas en el PSC. Castells es uno de los miembros de la ejecutiva socialista catalana más beligerante, pero no hace tanta causa con la fecha como con la calidad del pacto. En una entrevista en TV3, aseguró que no se reunirá con el equipo económico de Solbes hasta que no le presente una «propuesta madura» y subrayó que cuando lo haga buscará la discreción.

Acuerdo político

El escepticismo del responsable económico de la Generalitat contrasta, sin embargo, con el optimismo que horas después, tras una reunión con los diputados de su grupo parlamentario, manifestó el propio Montilla. El presidente catalán aseguró que ve «voluntad y posibilidad» de un pronto entendimiento.

Consciente del malestar que ha generado en otras comunidades autónomas la relación bilateral con la Generalitat, el Gobierno lanzó ayer un doble mensaje tranquilizador. De un lado, el ministro de Economía aseguró en la cadena Ser que el sistema no atenderá sólo la financiación de sanidad, educación y servicios sociales (como en un primer momento reclamaba Cataluña) sino que también se tendrá en cuenta competencias como Justicia; aunque matizó que no quiere decir que a la hora del reparto los recursos destinados a este concepto se calculen con base a la población. La vicepresidenta primera, por su parte, prometió que el nuevo sistema será beneficioso para Cataluña pero también para el resto de los territorios. «Todos sabemos que es positivo y necesario», remató.