Mal precedente

El Congreso compuso ayer una imagen de desunión en la lucha antiterrorista que no se había plasmado de una manera tan nítida desde el inicio de la legislatura. Una instantánea de quiebra en el recobrado entendimiento entre el PSOE y el PP que coincidió con la última operación policial contra el entramado etarra y con una encuesta auspiciada por las víctimas del terrorismo en la que la mayoría de los sondeados aboga por una alianza activa en esta materia entre los dos grandes partidos, ampliable a otras fuerzas democráticas. El notable incremento que han experimentado las opiniones de los ciudadanos más proclives a profundizar la cooperación entre el Gobierno y el principal partido de la oposición apunta a una querencia por dar por superado el período de máxima crispación en la forma de encarar el combate contra el terror etarra. Junto a ello, la encuesta también constata una amplia desconfianza sobre el final de ETA y sobre la disposición de la izquierda abertzale a desmarcarse de la violencia, además de mostrar un firme apoyo al endurecimiento de las medidas para la persecución penal de los terroristas y de quienes les sostienen. Estas valoraciones certifican el cambio operado en la sociedad sobre los límites en los que debe moverse la respuesta del Estado de Derecho contra el terror, una sociedad menos predispuesta a ser comprensiva conforme ETA se ha enrocado en su violencia homicida. Es precisamente la obcecación etarra la que ha obligado a extremar la defensa de la democracia, incluso con iniciativas que han ofrecido dudas en ocasiones de legalidad como las que ahora presenta la propuesta respaldada por el PP y UPyD para aplicar el artículo 61 de la Ley de Bases del Régimen Local y disolver los 42 ayuntamientos vascos y navarros gobernados por ANV.

La descorazonadora negativa de los concejales abertzales de Azpeitia a condenar el asesinato de Inaxio Uria y el desconcierto que provoca que ediles de una formación ilegalizada por su connivencia con el terror retengan poder municipal explican la búsqueda de fórmulas para tratar de revertir una situación tan lacerante para las víctimas y el conjunto de la ciudadanía. Pero ni la propuesta de las dos formaciones citadas, ni el compromiso del Gobierno de que reformará la ley para promover la expulsión de ANV de las alcaldías en primavera, pueden soslayar el dudoso encaje legal que tendría la primera iniciativa, los limitados efectos prácticos de la segunda al no poderse ejecutar con carácter retroactivo, y tampoco el descargo de responsabilidad que ambas supondrían para las fuerzas nacionalistas que tienen en su mano desbancar a los regidores de ANV en minoría sumando una nueva mayoría democrática. El rechazo sufrido ayer en el Congreso por la moción de UpyD respaldada por el PP terminó por escenificar una ruptura que resquebraja la aún frágil unidad contra ETA, trasladando al entorno de la violencia el mensaje contrario al que se decía pretender.