La crisis

Esta palabra es la que escuchamos habitualmente, desde hace unos meses. Los medios de comunicación, las diferentes conversaciones y en distintos ámbitos, muestran la preocupación por la mala situación económica. Lo que esta provocando el aumento del paro, la paralización de sectores económicos como la construcción, el cierre y regulación de empleo en numerosas empresas, la inquietud y el miedo de numerosas personas que ven el futuro oscuro.

El modelo económico neoliberal ha fomentado la especulación en vez de la economía real, en un proceso acelerado se han privatizado empresas y servicios públicos, se ha desregulado el suelo, el sector bancario y financiero. El resultado es que hoy, los activos financieros disponibles, según los expertos, representan al menos entre 5 y 6 veces el valor de los bienes y servicios en la economía real. Los grupos políticos que han bendecido este modelo económico son los responsables de la actual situación, en nuestro país PP-PSOE, fundamentalmente. Sin entrar ahora a analizar las causas de esta crisis económica, si me gustaría hacer hincapié en el papel de los ayuntamientos y la situación en la que se encuentran. Los ayuntamientos son las instituciones más cercanas a los ciudadanos, por lo tanto, cuando éstos tienen problemas acuden a ellos en busca de respuestas y soluciones. Pero a nadie se le debe escapar que a los ayuntamientos también les afecta la crisis. A los problemas no resueltos durante años de financiación municipal, le sumamos los añadidos por la nefasta situación económica que atravesamos. Podemos afirmar sin equivocarnos que la situación es más que preocupante.

En estos momentos es necesario que exista una intervención pública de la economía que regule el mercado, a todos los niveles y desde todas las instituciones. Los ayuntamientos tenemos que multiplicar las inversiones en obras públicas y viviendas de protección oficial, reforzar los servicios sociales así como auspiciar los mejores mecanismos para el desarrollo económico y el empleo. Pero para llevar a cabo lo anterior, necesitamos dinero para nuestros pueblos. Durante años, los diferentes gobiernos centrales y autonómicos le han dado la espalda a los municipios, ahora es necesario que se tengan en cuenta las reivindicaciones de estos. Existe una deuda histórica con nuestros pueblos y ciudades, ya es hora que se satisfaga. Las iniciativas del gobierno central y de la Junta para inversiones locales son positivas, pero si no van acompañadas de inversiones permanentes, año tras año, serán un parche más. Y desde luego, buscar una solución definitiva al problema estructural e histórico de la financiación de las haciendas locales. Es vergonzoso que con dinero público se inyecte miles de millones de euros a los bancos y no se atiendan las reivindicaciones justas de las instituciones más cercanas a los ciudadanos. En definitiva, es lo propio del sistema capitalista: se privatizan las ganancias y se socializan las perdidas o como dice Ignacio Ramonet «socialismo para ricos y capitalismo salvaje para los pobres». Los ayuntamientos en su actual situación (endeudamiento, déficit estructural, obligación de cumplir con los generosos decretos y normas que le imponen otras administraciones) ¿Podrán abordar las nuevas tareas? ¿Soportarán añadir nuevas cofinanciaciones directas o inducidas? ¿Podrán, por el contrario, solicitar que se les condone o aplacen las deudas? ¿Habrá para los municipios la misma tolerancia económica que para la banca? ¿Como harán frente al gasto corriente y a las nuevas demandas?

Aceptaremos las iniciativas que nos llegan de la Junta y el Gobierno central, tendremos que hacer otra vez el milagro de los panes y los peces, aguantaremos el traspaso del coste político aunque solo alcancen para paliar las necesidades más perentorias de la población. Pero, ¿Como será el día después de los planes de choque?

Estas son las preguntas que nos hacemos quienes nos sentimos responsables de nuestros pueblos y de cómo viven la crisis las gentes que habitan nuestras ciudades.

Los ayuntamientos de Izquierdas tenemos la obligación de luchar y reivindicar para que nuestros pueblos mantengan la inversión pública y la crisis no la paguen los de siempre, los trabajadores y trabajadoras.