Consenso efectivo

La decisión del Gobierno de trasladar a cárceles más próximas al País Vasco a una veintena de significativos presos de ETA, varios de los cuales fueron expulsados en su día de la banda por oponerse a la continuidad de la violencia, se enmarca en las atribuciones de que dispone el Ejecutivo para gestionar una política tan sensible como la penitenciaria, especialmente si la misma está vinculada a la estrategia contra el terrorismo. Elementos como la eficacia de las medidas de dispersión aplicadas a los reclusos etarras o los beneficios en el cumplimiento de sus condenas a los que éstos pudieran acogerse han sido esgrimidos en demasiadas ocasiones como argumentos para la disputa partidaria. Lo que ha podido trasladar la negativa impresión de que la política penitenciaria estaba sujeta a una instrumentación interesada, o bien que la misma se ha modulado por parte de los distintos gobiernos atendiendo a criterios de oportunidad, con la confianza en que posiciones puntuales de mayor flexibilidad podrían coadyuvar en último término al objetivo del final del terrorismo. Pero de la misma manera que el fanatismo etarra ha diluido cada expectativa abierta en torno a una salida dialogada a la violencia, propiciando con ello una cada vez menor predisposición de la sociedad a aceptar una paz condicionada a la suerte de los presos que tanto daño han causado, es la unidad entre el Gobierno y la oposición, o al menos su consenso implícito, la que permite afianzar una política penitenciaria encauzada sobre principios de racionalidad y de proporcionalidad a los delitos cometidos y el arrepentimiento mostrado.

De ahí que quepa congratularse de que la información cursada por el Gobierno al PP haya sido correspondida por la anuencia de la formación de Mariano Rajoy, en un aparente mutuo entendimiento que refuerza de forma efectiva la necesaria complicidad en la lucha antiterrorista. Al contrario de lo que sostuvo ayer el consejero de Justicia del Gobierno vasco, el acercamiento de reclusos al que ha procedido el Ministerio de Interior no debería ser interpretado como un intento de sembrar una división en las filas etarras que hasta la fecha siempre ha tenido un limitado recorrido. Y sí como la constatación de que es la prevalencia del Estado de Derecho y el respeto a la legalidad el único marco en el que los presos del terror pueden ver reconocidas las prerrogativas que también a ellos les asisten.