El Gobierno afirma que es imposible disolver los ayuntamientos dirigidos por ANV
El Gobierno confirmó ayer en el Congreso que en este momento es imposible disolver los 42 ayuntamientos del País Vasco y Navarra gobernados por miembros del partido ilegalizado ANV, tal y como le reclaman con insistencia el PP y Unión, Progreso y Democracia (UPyD).
Actualizado: GuardarLa ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, explicó a la diputada Rosa Díez, líder de UPyD, que para poder actuar de manera «generalizada» contra estos consistorios es preciso abordar antes una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que lo permita de manera explícita.
Salgado, que contestó a una interpelación parlamentaria de Díez en la que le urgió la expulsión inmediata de los alcaldes de ANV, señaló que, para tomar esta medida extrema, el actual marco legal obliga a obtener pruebas de que cada uno de los consistorios ha incurrido de forma «reiterada» y «grave» en acciones de apoyo o ensalzamiento del terrorismo o de los terroristas. Explicó que las fuerzas de seguridad tratan de reunir esas pruebas que no existen al día de hoy y que tampoco pueden extraerse de las evidencias con las que el Tribunal Supremo ilegalizó a este partido.
La ministra, no obstante, trasladó a los grupos de la cámara el compromiso del Gobierno de utilizar todos los medios a su alcance para lograr que ANV «no gobierne ni una sola institución en Euskadi y Navarra». Indicó que los servicios jurídicos estudian aún si la medida es posible en algún pueblo concreto y que el Ejecutivo se compromete a realizar una reforma legal que lo haga posible con el consenso de todos.
Lealtad
Salgado, en nombre del Gobierno y en un mensaje dirigido a PP y UPyD, reclamó a la oposición que «renuncie a sacar réditos» de la política antiterrorista y pidió «lealtad» en la unidad anti-ETA para que «la demagogia no sustituya a la política». Insistió en que hay que apoyar al Ejecutivo y abandonar actuaciones «de cara a la galería», en alusión a las reclamaciones unilaterales de disolución inmediata de los ayuntamientos de ANV.
Díez, que se enfadó mucho por los reproches de la ministra, pidió «respeto» por instar al Gobierno a que tome esa medida y se negó a admitir que «quienes pedimos que actúen rompemos el consenso» anti-ETA.