Zapatero pone sordina a las demandas de sus dirigentes autonómicos

José Luis Rodríguez Zapatero no puede ni quiere permitir que, en plena crisis, se abra un frente autonómico. La tranquilidad con la que se embarcó durante la pasada legislatura en la remodelación del andamiaje del Estado a través de las reformas estatutarias ha dado paso ahora a un celo extremo y a la suspensión de cualquier foro de discusión de los poderes territoriales ante el temor de que puedan agitar el clima político.

Si ya no conviene hablar de la reforma constitucional tampoco es momento de buscar nuevos instrumentos de relación intergubernamental. Ni siquiera si la propuesta viene de sus filas y está liderada por alguien tan poco sospechoso de querer poner en riesgo la cohesión nacional como el extremeño Guillermo Fernández Vara. Este gobernante lleva tiempo planteando la necesidad de crear un órgano de coordinación autonómica, sin tutela del Gobierno central, para limar los problemas derivados del dispar desarrollo que cada territorio hace de sus competencias exclusivas. Consciente de lo delicado de la cuestión, se mueve con pies de plomo. Planteó la iniciativa en la reunión del consejo territorial que el PSOE celebró en Santiago el pasado octubre y garantizó su lealtad con la promesa de mantener informado al partido antes de dar más pasos. Algunos de sus homólogos, como el catalán José Montilla, están dispuestos a materializar la idea. Pero fuentes de La Moncloa advierten de que el jefe del Ejecutivo «no avala» el proyecto.

El argumento empleado por uno de los máximos colaboradores del presidente es que resultaría poco operativo porque no todas las comunidades tienen las mismas competencias y porque «siempre» habrá un desajuste con las comunidades históricas. En cualquier caso, no es el único ámbito de discusión congelado. La Conferencia de Presidentes, institucionalizada por Zapatero en la pasada legislatura a imagen y semejanza de la alemana, tampoco se celebrará este año. Y no habrá debate sobre las autonomías en el Senado, aunque en realidad, el jefe del Ejecutivo sólo ha organizado uno, en 2005.

La suspensión de reuniones autonómicas tiene una ventaja para el Gobierno: permite contener la discusión sobre el reparto del dinero en plena negociación sobre la financiación autonómica. Que la cuestión sería farragosa era algo indudable. Felipe González y el presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, recomendaron en mayo posponer la reforma hasta que pasara la tormenta económica. Pero la posibilidad cierta de un conflicto con Cataluña, que blandía con fuerza el compromiso estatutario de llegar a un acuerdo el 9 de agosto, convenció al Gobierno de que era mejor seguir adelante con la búsqueda de un pacto.