Más que la Ley

l informe difundido ayer por el Ministerio de Sanidad sobre las interrupciones de embarazos registradas en 2007 ofrece cifras lo suficientemente ilustrativas como para concluir que las instituciones han de dedicar nuevos esfuerzos a las políticas de planificación familiar, cuya repercusión aparece subordinada en estos momentos al debate sobre la reforma de la Ley que regula los supuestos del aborto. La inseguridad jurídica en que han podido encontrarse mujeres que se han sometido o pensaban someterse a una intervención siempre íntima y dolorosa y las investigaciones contra clínicas privadas por supuestas irregularidades se encuentran en el origen de una revisión tendente a equiparar la normativa española a las leyes de plazos existentes en otros países. Pero si algo evidencia el estudio elaborado por Sanidad es que el repunte del 10% contabilizado en el número de abortos y, singularmente, el incremento que se aprecia entre las mujeres más jóvenes y las adolescentes y también entre las inmigrantes obligan no sólo a asegurar las previsiones legales, sino sobre todo a poner los medios para evitar embarazos indeseados. La constatación de que casi una cuarta parte de quienes abortaron el pasado año lo hicieron por segunda vez evidencia que esta traumática solución se ha convertido en no pocas ocasiones en un sustitutivo de los métodos anticonceptivos; una práctica muy arraigada en países con un limitado desarrollo económico y que se ve agudizada por las carencias de recursos y de información de la ciudadanas extranjeras más desfavorecidas. La concreción de los datos permite avanzar en la adaptación de la respuesta institucional a la casuística detectada. Una respuesta cuya efectividad se ve cuestionada tanto por la renuncia de la Sanidad pública a asumir las interrupciones de embarazos amparadas por la ley, como por las dificultades para concienciar del desgarro que supone tener que adoptar una decisión tan extrema como evitable.