La mayor empresa de la ciudad

Una empresa capaz de gestionar 82.529 nóminas en un mes y mover una masa salarial de más de 66 millones de euros. Así es el Instituto Nacional de Empleo (hoy día Servicio Público de Empleo Estatal) en la provincia de Cádiz. Una compañía con unas pocas sedes que cuidan a miles de personas. Más de 4.000 en el caso de la situada en la avenida de Portugal de la capital. El pasado mes de octubre, uno de los peores que se le recuerda a la estadística laboral gaditana, pagaron dos millones y medio en prestaciones por desempleo.

«Somos la empresa más importante de esta provincia», resume Manuel Virlán, un funcionario con casi dos décadas a sus espaldas detrás de las mesas del INEM. A su lado, Francisca Rey, la directora de la oficina asiente. Ayer era una mañana tranquila. «Ah, ¿ya han salido los datos del paro? ¿Y qué tal? ¿Otros 4.000? Y eso que parecía que todo se había calmado», contesta cuando se le expone la realidad de los datos puros y duros. Ya no asiente; ahora niega con la cabeza. «Cada historia es un drama», añade. El caprichoso reparto de las competencias en materia laboral (y por el que la Junta asumió las llamadas políticas activas de empleo hace un lustro) continúa dejando en manos de estos funcionarios del Estado lo único que le importa a la mayoría de los gaditanos que sufren un despido: las prestaciones, el subsidio, las ayudas especiales, la renta activa de inserción... El dinero, en definitiva.

Complejidad normativa

Son nueve funcionarios, uno de ellos de baja desde hace un año. «Y aquí no tenemos horario: unos vienen a las siete de la mañana, otros se van más tarde, yo vengo por las tardes», expone Enrique Milán, jefe de área, con también más de 20 años de experiencia. Pese a su trayectoria, «todos los días te encuentras con algo nuevo; aquí no puedes hablar de que tratas un expediente cada tantos minutos porque a un expediente le puedes dedicar horas, días e incluso darle vueltas mientras estás acostado». Enrique enseña una lista con más de 90 líneas: son las normas a tener en cuenta en materia de regulación de empleo. «La causística de este trabajo es tan variada que no puedes dar nada por hecho», dice.

La consecuencia es que «en Cádiz no hay una sola academia que prepare a la gente para las oposiciones del INEM porque nadie quiere este trabajo», apunta Francisca, que empezó a trabajar en prestaciones en 1981. «Pero tenemos muy claro que de nuestro esfuerzo depende que alguien cobre una ayuda que necesita o no la cobre». De ahí que la avalancha de los últimos meses haya sido tan dura: «Lo peor de todo vendrá cuando la gente se vaya quedando sin prestación». Antes había un empleo cada cierto tiempo, «ahora viene gente que llevaba sin aparecer desde los 90: gente en la mejor edad para trabajar, profesionales como ingenieros o arquitectos, de todo...»

Tantos años han dado para mucha picaresca. «No somos tontos, sabemos cuando alguien intenta hacer una ilegalidad, porque normalmente se derrumban a la tercera o cuarta pregunta», advierte Francisca. El problema es «cuando no puedes hacer nada». Como aquellos que vienen a pedir una prestación con un mono repleto de manchas de pintura fresca. «Nosotros no estamos para perseguir, porque eso es cosa de Inspección, pero he llegado a tramitar una mañana un expediente de un hombre al que luego he visto por la tarde detrás de la barra de un bar», recuerda la directora.

Sin embargo, «cada cual hace lo que puede para sobrevivir», indica Manuel, que va más allá de las historias para puntualizar que «Cádiz no da más de sí; aquí no hay industria, ni agricultura y los servicios son precarios; si no estuvieran las administraciones, no sé qué pasaría en esta ciudad». Quizás por esta falta de salidas sea por lo que Francisca admite qué es lo peor de su trabajo: «Ver cómo los jóvenes vienen resignados».