Solvencia en quiebra

l proceso concursal presentado por la promotora Habitat, al no poder hacer frente a un pasivo de 2.300 millones de euros, y las dificultades por las que atraviesa el grupo inmobiliario Colonial, que podrían llevarle a declararse insolvente, son consecuencia de la fulgurante expansión protagonizada por determinadas empresas del sector que, como fue el caso de Martinsa-Fadesa, asumieron grandes cargas financieras precisamente en vísperas de que se desencadenara la crisis. El procedimiento judicial que se abre en el caso de Habitat sitúa frente a frente a los dos actores de una decisión que en su día nadie podría haber calificado de aventurada: la sociedad promotora y las 38 entidades a las que ahora adeuda 2.200 millones. La negativa de éstas últimas a renegociar su pago hace suponer que consideran menos oneroso para sus intereses el resultado que pueda derivarse de la intervención judicial. Por su parte, la optimista declaración oficial de Habitat, asegurando que cuenta con la liquidez suficiente como para responder a los compromisos con sus clientes y mostrando confianza en la continuidad de la empresa, tendrá que confrontarse con una realidad tan ensombrecida para el sector inmobiliario que la renuente bajada del euribor no logra siquiera paliar. Los administradores de la promotora tienen la obligación legal y moral de atender prioritariamente a las 250 familias que habían suscrito la compra de una vivienda, pero también a los requerimientos de sus proveedores y a los intereses de sus accionistas, siguiendo en todo momento la resoluciones judiciales que se deriven del proceso concursal. La pervivencia de las empresas constructoras y promotoras afectadas de manera grave por la crisis, y que suman 10.500 millones de deuda en los procesos concursales solicitados, constituye un deseo a compartir tanto para que los acreedores puedan verse correspondidos en su más que legítima demanda como para que la recuperación de la actividad en el sector pueda darse sobre bases experimentadas. Pero es indudable que esto último depende de que los constructores y promotores que, con nombres y apellidos y desde marcas determinadas, han protagonizado el 'boom' español de los últimos años recuperen la solvencia profesional, la credibilidad social y el crédito financiero que han quedado maltrechos como consecuencia de la crisis.