Costosa urgencia

Las nuevas medidas frente a la crisis, anunciadas ayer por el presidente Rodríguez Zapatero con cargo al Presupuesto de 2008, que así dispararía su déficit, se orientan principalmente a paliar los efectos que la misma ha tenido ya sobre el sector de la construcción y está teniendo sobre la industria de automoción. La iniciativa, cuyos detalles se conocerán tras la reunión del Consejo de Ministros de hoy, responde sin duda más a lo urgente que a lo importante. Más a la imperiosa necesidad de contener en lo posible la constante pérdida de empleos que a la de fijar las bases para un cambio de modelo productivo y de crecimiento. La dotación de 11.000 millones de euros para reactivar la actividad económica, de los cuales 8.000 irán destinados a los ayuntamientos para el desarrollo de obra pública, garantiza que las medidas anunciadas ayer sean puestas en práctica de inmediato. La distribución de ese dinero público entre miles de municipios y en proyectos de dimensión local, cuya realización se encomiende a pequeñas y medianas empresas, contribuirá a generar más puestos de trabajo en más puntos de España. Además, ello aliviará el esfuerzo presupuestario de los ayuntamientos para que éstos puedan hacer frente a compromisos de gasto social cuya financiación está en peligro debido a la caída generalizada de los ingresos fiscales.

Pero ni los 300.000 empleos prometidos por el presidente podrían más que compensar muy parcialmente la destrucción cotidiana de puestos de trabajo, ni la duración de las obras señaladas permitirá por sí misma mantener esos empleos durante mucho tiempo. La desconcertante naturaleza de la crisis dificulta sobremanera tanto la previsión sobre sus efectos reales como una planificación general de las medidas que conviene adoptar. Sin embargo, las 80 medidas que el Gobierno ha ido desgranando especialmente a lo largo de los últimos tres meses componen un listado tan desigual en cuanto a su orientación y a su eficacia que, a pesar de toda la incertidumbre que rodea a la crisis, el Ejecutivo debería recapitular sus iniciativas para racionalizar el esfuerzo público ahora que parece inevitable el incremento del déficit. Desde el punto de vista de las medidas anunciadas ayer, resulta imprescindible que la actuación de las distintas administraciones respecto a un sector tan internacionalizado como el de la automoción responda no sólo a criterios comunes entre las mismas. Los 800 millones de euros previstos para este capítulo han de atender a las perspectivas que alberga dicha industria a nivel mundial y a los planes que manejan los gobiernos en otras latitudes. De manera que el objetivo de mantener los puestos de trabajo existentes tanto en las grandes firmas como en las empresas auxiliares también asegure para España un lugar más competitivo en la cadena global de la automoción, incrementando la productividad mediante la innovación.