La justicia del siglo XXI: una prioridad pública

Los jueces no han reclamado ningún beneficio personal directo (salario, derechos sociales, etc.) ni han pedido que se exculpe a ningún compañero. La denuncia responde a un mal profundo exteriorizado a raíz del caso Mariluz, con dos frentes: la presión e injerencia política sobre el resultado del citado expediente disciplinario, enturbiando las reglas democráticas y la correcta separación entre los distintos poderes del Estado y, en segundo lugar, el ataque desmesurado que está sufriendo la Carrera judicial, a la que se quiere atribuir la responsabilidad exclusiva de las disfunciones, ocultando los fallos y carencias del sistema judicial español y una defectuosa gestión de responsables políticos.

La protesta responde a una situación real, agravada en los últimos años con la parálisis legislativa y ejecutiva en justicia (que también se quiere ocultar ahora). Se denuncia la situación real de los Juzgados, reclamando medidas para garantizar una mejor tutela judicial. Eso no se puede calificar de corporativismo. Miren a los jueces de muchos pueblos, iniciadores del «espíritu del 21 de octubre», desasistidos en muchas ocasiones, «sufridores» de la excesiva carga de trabajo, falta de modernización, movilidad de plantilla, falta de cualificación, lo que les obliga a un esfuerzo personal que merece algo más de respeto.

Curiosamente, las posteriores declaraciones de responsables políticos revelan lo justificado de la denuncia: «el sistema judicial tiene fallos en todos los niveles», «la administración de justicia se rige por un marco decimonónico que encorseta su actividad», «hacen falta 1.500 jueces y un nuevo Pacto de Estado», «falta de medios y necesidad de reformas procesales», «el CGPJ ve justas las quejas por el déficit técnico y humano». Hasta el propio Ministro Bermejo: «nadie ha negado que tenemos severos problemas en la justicia».

Por tanto, no escondamos las disfunciones ni agravemos el problema con fricciones innecesarias. Se trata de un tema especialmente delicado: un poder del Estado enfrentado con otro.

Reconozcamos que la justicia sigue siendo una prioridad pública desatendida, que necesita un buen gobierno de los jueces y solucionar las carencias, desidias y retrasos judiciales.

Excede del espacio disponible hablar del modelo institucional, que exige independencia del CGPJ, como órgano de gobierno. Basta decir que el tiempo y la forma de su renovación muestran la quiebra del modelo constitucional, pues no se han aparcado intereses partidistas ni respetado principios de representatividad y pluralidad. Se repite idéntica situación del pasado, reveladora de un sistema de cuotas, dañando de nuevo la imagen de una institución judicial decisiva, que se proyecta a todos y cada uno de los jueces individualmente considerados.

El segundo nivel, el conjunto de la justicia, interesa más a los ciudadanos. Siendo un servicio esencial, ¿por qué 30 años después todavía se sigue hablando de falta de medios? ¿Por qué nuestros responsables políticos y judiciales hablan ahora insistentemente de la «triple m»: modernización de la oficina judicial, modernización informática, modernización de la planta y distribución del trabajo?.

Simplemente, porque los sucesivos gobiernos han demorado las reformas y ha existido cierta indiferencia hacia sus crecientes necesidades. La justicia se ha quedado rezagada y entrado en el apartado de la responsabilidad política.

No se ha desarrollado el objetivo principal de la oficina judicial ni existido una clara apuesta para que la justicia funcione como demanda una sociedad del siglo XXI, solucionado las llamativas deficiencias manifestadas hace tiempo: a) carga de trabajo y número de Juzgados, b) información compartida entre los tribunales, registro informático común, sistemas de alerta, gestión procesal, intercambio de documentos, firma electrónica, c) cobertura de bajas, interinidad, cualificación, etc.

Ante ello, no es razonable centrar todas las responsabilidades en el juez, ignorando tales problemas estructurales y de organización. Reconozcamos que no todos los males son imputables a la justicia misma ni a los propios jueces. Admitamos, más bien, que estos últimos los padecen antes que nadie.

Asentemos, de una vez por todas, los pilares de un modelo de justicia nuevo, modernizado. La justicia requiere volver a un pacto de Estado, donde el consenso es imprescindible.

Confío en que pronto se produzca la necesaria aproximación entre la imagen y la realidad de la justicia. Recuperar la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia, se ha convertido en un objetivo ineludible. No hay peor justicia que la que se renuncia a pedir. La justicia como servicio público tiene que ser la solución y no un problema para los ciudadanos.

Desde luego, no tengan duda de que los jueces contribuirán con su trabajo y responsabilidad a conseguirlo.