El número de empresas y personas que se declara insolvente se dispara un 263% Las familias concursadas

En el tercer trimestre del año, el periodo en el que la economía dejó de crecer por primera vez en quince años, el número de concursos de acreedores creció de un modo inusitado. La dureza de los mercados de financiación, la caída de la demanda y los problemas arrastrados desde el comienzo de la crisis, entre otras razones, hicieron que 764 empresas y particulares se declararan insolventes, lo que supone un alza del 263,8% respecto al mismo periodo de 2007.

Los expertos dan por seguro que los concursos de acreedores rondarán este año los 3.000. Cifra que, dicen, se alcanzará también en 2009. La mayoría de los asfixiados por las deudas pertenecen al sector inmobiliario-promotor que, poco a poco, comienza a transmitir los problemas a sus proveedoras. Cataluña y Andalucía han sido las regiones más afectadas entre julio y septiembre, con un 37,6% de los casos, frente a La Rioja, Cantabria, Extremadura y Navarra, las zonas con menos insolventes.

Martinsa-Fadesa -que inició el pasado julio el concurso más sonado de la historia de España, con más de 5.000 millones de euros de deuda- es la punta de un iceberg cada día más grande. El número de quiebras crece trimestre a trimestre y parece no tener freno. Entre julio y septiembre, 728 de los concursos fueron voluntarios (instados por el deudor) y 36 necesarios (a instancia de los acreedores), con incrementos del 277% y del 111%, respectivamente. La inmensa mayoría (667) tuvieron como protagonista a empresas o autónomos, y otros 97 correspondieron a personas individuales.

Perfil de los afectados

El perfil de la compañía afectada es el de una sociedad limitada (el 75,1% del total) con una facturación inferior a los dos millones de euros (61,6%) y que no pertenece a un grupo empresarial (81%). Como es evidente, el ladrillazo ha hecho tambalearse a muchos empresarios del sector que, bien por el parón de las ventas bien por la presión de los bancos (que exigen muchas veces garantías adicionales para mantener las líneas de crédito abiertas), han aceptado su situación y han decidido acudir al juzgado de lo mercantil.

Unos juzgados que, los analistas ven abocados al colapso, pues junto a los concursos han de lidiar con numerosos asuntos, como los relacionados con la propiedad intelectual o mercantil y hasta con procesos relacionados con la navegación. Más problemas tendrán algunos pequeños juzgados de primera instancia e instrucción que ante la ausencia de uno mercantil en su zona asumen los procesos concursales. Acumulación de papeles que -insisten las mismas voces- no harán sino retrasar los juicios y, con ello, reducir las posibilidades de que las empresas quebradas puedan en su día salir a flote.

Ladrillo y más

El 25% de las concursadas del tercer trimestre son constructoras y otro 21%, mayoritariamente inmobiliarias y firmas de servicios. El resto se reparte entre la industria y la energía -que supone el 22% del total y por primera vez desde que se aprobó la ley concursal hace cuatro años abandona el puesto número uno- o el transporte y el almacenamiento de muebles (3,1%). El efecto cascada de la crisis de la vivienda ha trasladado los problemas de impago a sectores como empresas de decoración, de menaje o de aluminio. En definitiva aquellas actividades vinculadas a una casa nueva y que ahora también entran en concurso. Raimon Casanellas, presidente del registro de Economistas Forenses, e Inés Landín, directora del mismo organismo, advierten que el parón del consumo en lasfamilias comienza a apreciarse en la estadística en sectores que dependen de ellas. Para muestra, un botón: 107 comercios y 16 hosteleros se declararon insolventes en el tercer trimestre. Dos sectores que un año antes registraron sólo 36 y 6 casos, respectivamente. La anécdota la ponen concursos como los de un club de baloncesto de Huelva, un viñedo de Ciudad Real o varias fundaciones y ONG que a pesar de no tener ánimo de lucro no han podido con sus deudas. El número de concursos de acreedores protagonizados por personas físicas ha crecido de manera espectacular al pasar de los 23 procesos en el tercer trimestre de 2007 a 119 un año después. Un 417% más. Pero esos insolventes no son familias ahogadas por su hipoteca.

Así lo aseguran el presidente y la directora general del registro de Economistas Forenses, quienes matizan que «la ley concursal no sirve para las familias, puesto que es un proceso muy caro, sólo atañe a actividades empresariales y, además, no paraliza la hipoteca». Los juzgados de lo mercantil no aceptan nunca como concursados a insolventes con una única deuda.