Objetores de Cádiz piden la destitución de la consejera de Educación

Representantes de cinco plataformas ciudadanas de la provincia de Cádiz han pedido hoy en Sevilla la destitución de la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Teresa Jiménez, tras presentar 232 nuevas declaraciones de objeción a la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC).

"Los niños no son sujetos jurídicos y los objetores son los padres, no los niños, por lo que no pueden aparecer en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía" (BOJA), ha manifestado a los periodistas el representante de la plataforma 'Foro de Laicos Asidonia', Jose Ignacio Martínez.

En este sentido, ha explicado que piden la destitución de la consejera de Educación por "no querer aceptar su error y rectificar".

"Venimos a la Consejería de Educación a entregar las objeciones para que no nos engañen más, ya que muchos centros, a instancias de Educación, no han tramitado los documentos entregados", ha denunciado Jose Ignacio Martínez.

Anteriormente, estos documentos fueron presentados en la delegación de Cádiz, pero la publicación de los nombres y apellidos de 91 menores en el BOJA "ha hecho que vengamos directamente a la Consejería aunque no quieran recibirnos", ha aclarado el representante de la plataforma 'Julio Gómez Pastrana', Guillermo Carrero Blanco.

Ante esta situación, los objetores han asegurado que si el Tribunal Supremo de Justicia no les diese la razón, acudirán al Tribunal Constitucional y, si no, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque "estamos hablando del derecho a la libertad ideológica y religiosa que se les está negando a nuestros hijos", han comentado los padres.

Han recordado que son ya "18 las sentencias favorables a padres y madres andaluces, 80 los autos que eximen a los alumnos de asistir a las clases de dicha asignatura, 160 recursos contenciosos interpuestos ante el TSJA , una sentencia del mismo que obliga eliminar parte de los contenidos del EpC, y ni un solo auto ni una sola sentencia en contra de los padres" y que "nos da la razón", han sentenciado los representantes de las plataformas.

Por otro lado, los padres han informado de la existencia de amenazas y coacciones, procedentes de la Consejería, relacionadas con las "calificaciones de los estudiantes e investigaciones de la Fiscalía de menores".