El Consejo del Poder Judicial exige a los jueces «respeto institucional»

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, avisó ayer a los jueces de que sus críticas y manifestaciones a este órgano a cuento de la sanción disciplinaria al magistrado Rafael Tirado «no ayudan a sentar ese respeto institucional que tanto demandamos». La representante del gobierno de los jueces exigió al conjunto de la judicatura que den al CGPJ un «mínimo plazo para dejarles trabajar» y recordó que a los vocales del consejo «ya nos valoraron antes de tomar posesión».

En su comparecencia para explicar los efectos de las protestas de jueces y secretarios judiciales del martes, Gabriela Bravo salió en defensa de la «independencia» del consejo y aseguró que «no hay necesidad de que nos recuerden cuáles son los parámetros que tenemos que tener en cuenta antes de resolver» asuntos como el recurso a la sanción que el CGPJ impuso a Rafael Tirado como titular del juzgado que no ejecutó la condena al presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, el pederasta Santiago del Valle.

La portavoz del consejo reconoció, por otra parte, que los jueces están en todo su derecho de convocar las juntas, dijo que sus causas son «justas» (piden más medios materiales y humanos) y aseguró que «no le consta» que dichas reuniones «hayan paralizado» la actividad procesal, «por lo que si no ha habido perjuicio e irregularidades no podemos abrir ninguna investigación», aseveró.

No obstante, consideró que el manifiesto suscrito por 46 magistrados del Tribunal Supremo, en el que tachan de «intolerables» e «inaceptables» las manifestaciones de «relevantes sujetos públicos» y piden al Poder Judicial que esté «a la altura de las circunstancias» a la hora de resolver el expediente a Tirado, no tiene «precedentes» y reclamó de nuevo respeto institucional» hacia el consejo.

«Falta de medios»

El caso Mari Luz aparece en el fondo de este rifirrafe entre el Poder Judicial y los jueces, con la sanción al juez Tirado y su secretaria judicial como protagonistas. La funcionaria del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Juana Gálvez, compareció por vez primera ayer para agradecer la solidaridad de sus compañeros y explicar que la sentencia de cárcel para el presunto asesino de la niña onubense no se ejecutó por «falta de medios».

Juana Gálvez, sancionada dos años de empleo y sueldo por el Ministerio de Justicia, no quiso entrar en detalles y se limitó a leer un comunicado en el que señaló que, a diferencia de lo que consta en el expediente disciplinario abierto y de «todo lo dicho y escrito», está «tranquila» porque ha realizado sus funciones «con dedicación y empeño». Y todo ello a pesar de «las dificultades con las que diariamente todos nos encontramos debido a las carencias de medios personales y materiales».

Fue más allá e incluso explicó que «trabajamos con unas organizaciones caducas y unas leyes obsoletas que no permiten hacer lo que todos desearíamos, que no es otra cosa que prestar el mejor servicio al ciudadano». La secretaria judicial subrayó que son precisamente esas dificultades «las que traen consigo los desgraciados sucesos que lamentamos, y que esperamos que con el esfuerzo de todos puedan evitarse».

La funcionaria Juana Gálvez, que no aceptó preguntas de la prensa y volvió rápidamente a su trabajo -tenía una vista señalada- estuvo respaldada por el secretario de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial y representante de los colegiados, Luis Toribio, quien reiteró que la sanción es «injusta y muy desproporcionada».

Toribio recordó que las asambleas de secretarios judiciales acordaron retomar las movilizaciones para el próximo mes hasta que el Ministerio de Justicia responda a sus peticiones.