Los promotores sugieren que el Gobierno avale el 30% del precio de la vivienda para reactivar el mercado

El nuevo presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), José Manuel Galindo, ha demandado al Gobierno que avale la financiación del coste de la vivienda que ya no cubren los préstamos hipotecarios y que suele oscilar entre el 20 y el 30% del precio de venta. Se trata de una de las propuestas que el nuevo equipo directivo de la asociación, que acaba de ser elegido en asamblea nacional, tiene previsto plantear al Ejecutivo y que se centran en la adoptar medidas que permitan a las familias obtener la financiación necesaria para poder comprar una vivienda.

La falta de financiación es, según la APCE, la razón fundamental que está frenando sus ventas, motivo por el que reclaman una reunión de los promotores y la banca con las administraciones central, autonómica y local, en la que todos aporten soluciones "realistas" a la paralización del mercado de la vivienda .

El mencionado realismo se concretaría, según Galindo, en que los promotores ajusten los precios todo lo posible, que los bancos no denieguen hipotecas cuando existan criterios objetivos para concederlas y que el Gobierno avale parte de la financiación de la compra de una vivienda. Por ello, propone que el Ejecutivo respalde la financiación de los gastos y la entrada necesarios para la obtención de una hipoteca para la vivienda habitual, ya que la banca rechaza que sean los propios promotores quienes avalen ese importe porque supone una concentración excesiva del riesgo.

Para el vicepresidente primero de la APCE, Enryc Reina, el Gobierno no asumiría "mucho riesgo" con la concesión de estos avales, habida cuenta de que apenas existe morosidad en las hipotecas sobre vivienda habitual y la garantía sólo se ejecutaría en caso de impago. Esta medida permitiría reactivar las ventas y dar salida al excedente de vivienda nueva, cifrado por las promotoras en 350.000-400.000 unidades que podrían ser absorbidas por el mercado en menos tres años si las entidades financieras no siguen restringiendo el crédito hipotecario.