El tripartito acusa al PSOE de provocar un «efecto llamada» en la construcción ilegal

El gobierno tripartito adelantó ayer algunas de las conclusiones de la auditoría que encargó hace unas semanas sobre los procedimientos administrativos tramitados en la Gerencia Municipal de Urbanismo desde el año 2005.

En rueda de prensa conjunta con sus socios de gobierno, IU y PA, el alcalde, Ernesto Marín (PP), reveló algunos de los datos de este informe, que a su juicio avalan que «el PSOE ha cerrado los ojos frente a la proliferación de viviendas ilegales, provocando un efecto llamada que ha traído como consecuencia la problemática social y de futuro de la ciudad que hoy nos encontramos».

Así, según la auditoría realizada, durante 2005 casi el 73% de los procedimientos sancionadores de la GMU no tuvieron resolución expresa y sólo el 0,94% del total de 425 expedientes abiertos fueron resueltos y ejecutados.

Algo similar ocurrió en 2006, cuando no se resolvió el 66% de los procedimientos, y la tendencia se corrigió en 2007 y lo que va de 2008, cuando los expedientes resueltos ascendieron hasta un 3,40% y sólo el 49% de los mismos no tuvo resolución definitiva.

Según el comunicado que leyó ante los medios ayer el regidor chiclanero, en el que se intercalaban los datos ofrecidos por los autores de la auditoría (un bufete de abogados especializado cuyo nombre no ha trascendido), y la valoración política al respecto de PP, IU y PA, «esta auditoría mostró atención especial a las infracciones cometidas en suelo no urbanizable puesto que éstas pueden ser constitutivas de delito».

Los datos al respecto son «contundentes» para el gobierno municipal, puesto que en 2005 se abrieron en suelo no urbanizable 51 expedientes, el 13% del total. Marín llamó la atención de que sólo cuatro de ellos tienen actualmente abiertas diligencias previas o procedimientos penales, lo que supone apenas el 1% del total.

Poca persecución

Los auditores concluyen en su informe que «la labor de seguimiento y represión de las infracciones urbanísticas cometidas en el municipio de Chiclana ha sido escasa, casi nula, entre los años 2005 a 2007; en esos años en el municipio no ha existido la disciplina urbanística», prosiguen.

De este modo, el tripartito insiste en la necesidad de incrementar la plantilla de inspectores urbanísticos, implantar un sistema informático de gestión para la tramitación de expedientes y crear un sistema de información geográfica para localizar con mayor eficiencia las construcciones al margen de la legalidad.

Estas tres medidas son algunas en las que ya trabaja el actual ejecutivo chiclanero. Además, y como recalcó Ernesto Marín, su gobierno tiene previsto seguir las pautas que ha marcado la auditoría en tres ámbitos diferenciados.

Se trataría de adoptar de medidas correctoras «que eviten el alto porcentaje de falta de resolución de expedientes administrativos en materia urbanística», así como de depurar las responsabilidades penales y económicas que pudiera haber en esta «dejación de funciones». De momento nadie ha cifrado la cuantía de sanciones urbanísticas sin cobrar que habría.

Por su parte, los socialistas aseguraron a este medio ayer que prefieren esperar a que se conozcan «datos más concretos» de la auditoría encargada por el tripartito, pero aseguran que estas críticas se enmarcan en la campaña de desprestigio urbanístico que llevan a cabo Marín y los suyos.