Las víctimas del terrorismo gozarán de más recursos, protección y derechos

Las víctimas del terrorismo tendrán más protección, más derechos, más dinero y un mayor reconocimiento moral. La nueva Ley de Protección Integral que perfila el Ministerio del Interior será mucho más generosa y dará respuesta a la mayoría de las reclamaciones históricas de las asociaciones. Será una extensa y novedosa legislación que, entre otros aspectos, aceptará por primera que las secuelas de todo tipo que deja un atentado pueden agravarse con el tiempo, reconocerá los daños morales de los damnificados y terminará con las diferencias entre ellos en virtud del momento histórico en que sufrieron el zarpazo terrorista.

El borrador de la nueva ley es mucho más ambicioso que el proyecto inicial de hace dos años. El documento en el que trabaja la Dirección General de Apoyo a las Víctimas insiste en el carácter «integral» de la ley, ya que será una norma de nueva planta y no una reforma de las normativas ya existentes. Unificará, tras años de quejas de las víctimas, los dos regímenes indemnizatorios existentes.

En especial, actualizará los obsoletos baremos usados en la actualidad para otorgar ayudas: uno data de 1969 y el otro se apoya en los índices previstos para los accidentados de tráfico, revisado por última vez en 1995.

Una de las obsesiones de Interior es acabar con las discriminaciones entre víctimas. La actual normativa, según recogen los borradores que circulan por el ministerio, da lugar a «situaciones injustas y agravios comparativos muy serios» entre las víctimas más recientes, las que desde 1999 han podido acceder a todo tipo de ayudas extraordinarias, y los damnificados más antiguos, marginados por los posteriores cambios legales que no tuvieron efectos retroactivos. El proyecto establece en varios de sus apartados que la ley será retroactiva para que todas las víctimas tengan el mismo trato y las mismas ayudas con independencia del momento en que sufrieron el atentado.

Sentencias

También terminará con las diferencias económicas que provoca la existencia o no de sentencia condenatoria a los autores del atentado, y acabará con la disparidad en las indemnizaciones fijadas en los fallos judiciales. Además, se actualizarán las ayudas de asistencia sanitaria, que con la actual normativa sólo se rigen por la fecha en la que se cometió el atentado sin tener en cuenta el aumento del IPC.

Por primera vez, los «posibles agravamientos de las secuelas» de las acciones terroristas tendrán un paraguas jurídico que permitirá aumentar las indemnizaciones si hay un empeoramiento. Hasta ahora, esta mejora económica era imposible puesto que la norma en vigor sólo permite indemnizar por una sola vez sin contemplar la posibilidad de que en un futuro las lesiones puedan agravarse.

La nueva ley recoge la reiterada petición de los damnificados de ampliar y definir mejor el concepto de víctima de terrorismo, que ya no serán sólo los fallecidos en atentados y sus herederos, así como los heridos. Podrán ser víctimas legales quienes, ilesos tras una acción terrorista, puedan demostrar daños psicológicos y morales, aunque en este caso el reconocimiento no implicará sustento económico alguno.

Acosados

Las personas que se sienten acosadas en el País Vasco y Navarra podrán obtener la condición de víctima, tal y como propuso el Parlamento en una moción aprobada el pasado 3 de junio. No obstante, quienes resulten reconocidas víctimas por este concepto no tendrán indemnizaciones, y el respaldo será sólo político. Eso sí, podrán optar a un apoyo económico, en particular para vivienda, a fin de rehacer su vida lejos de su lugar de residencia.

El proyecto del Gobierno contempla que el concepto jurídico de víctima también incluya -de pleno derecho, no como hasta ahora que es parcial- a los españoles que sufran atentados en el extranjero, aunque el objetivo de los terroristas no fueran intereses españoles.

Los familiares de los turistas españoles asesinados en Yemen por Al Qaeda en julio de 2007 también podrán beneficiarse directamente de este cambio. El Gobierno quiere ser muy riguroso en este capítulo y no podrán beneficiarse de la ley otros españoles asesinados en el exterior durante conflictos armados o golpes de estado.

El proyecto también prevé mejorar las ayudas económicas, médicas y psicológicas para las personas que son secuestradas durante unas horas, como es el caso de los conductores a los que ETA retiene para robar sus vehículos.

Interior estudia la posibilidad de ampliar la concesión de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo, que en la actualidad sólo se entrega a heridos y fallecidos. Lo que sí está claro es que el futuro texto establecerá que los galardones se impongan de oficio. También habrá más protección a las víctimas durante los juicios con el objetivo de evitar «ofensas» a los damnificados por parte de los terroristas y «los grupos sociales que les apoyan» en la sala.