Derecho conculcado
La declaración del estado de excepción en Colombia merece una doble reflexión. Por una parte, en lo que se refiere a la naturaleza de dicha declaración y, por otra, respecto al objeto de la misma: una huelga judicial. El artículo 213 de la Constitución colombiana autoriza al presidente a declarar el estado de excepción «en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía». La decisión no requiere la previa aprobación del Parlamento y permite al presidente dictar decretos con rango de Ley, lo que disuelve por completo la separación de poderes que identifica a un sistema democrático. Este «apoderamiento para la acción necesaria según la situación de las cosas» (en la terminología de Carl Schmitt) es identificado en la teoría política como preámbulo de la dictadura. Su utilización sorprende más al dirigirse contra una huelga judicial en un país cuyo territorio está parcialmente dominado por un ejército rebelde que ha provocado el desplazamiento forzoso -según datos del Gobierno- de tres millones de personas; algo mucho más grave, sin duda.
Actualizado: GuardarLos jueces colombianos tienen derecho de huelga, según el artículo 56 de la Constitución, que añade la consabida limitación respecto a los servicios públicos esenciales. La reciente Ley de Huelga, aprobada en julio, atribuye al presidente de la república la facultad de suspender aquéllas que provoquen una gran alarma para la seguridad colectiva, pero su decisión debe estar ratificada por el Supremo. Uribe ha elegido una vía más expeditiva para acabar con el paro de las togas, aunque habría bastado con establecer límites al conflicto, obligando a preservar los servicios esenciales y evitar así la salida indiscriminada de presos que denuncia el Gobierno.
En consecuencia, el estado de excepción conculca gravemente un derecho fundamental de estos funcionarios públicos (a los que se reduce a la condición de sediciosos, tal y como ocurría en el franquismo). Y lo que es peor, convierte al Poder Judicial en rehén del Poder Ejecutivo, lesionando con ello los derechos de todos los ciudadanos de Colombia, agredidos por la guerrilla desde hace más de 40 años y, ahora, por su propio Gobierno.
