De la circunscripción única a los debates y las encuestas

Las sugerencias de los partidos para modificar la ley electoral abarcan no sólo al número de escaños del Congreso o el voto de los inmigrantes y emigrantes. También hay propuestas para cambiar las circunscripciones -la Constitución establece que la demarcación es la provincia-, el voto para el Senado, la regulación de los debates, los límites de la precampaña, las campañas institucionales o el plazo para la difusión de encuestas.

IU y UPyD darán la batalla para lograr alguna fórmula de circunscripción nacional para las elecciones generales. Con el sistema actual ambas formaciones se consideran penalizadas puesto que IU logró en los comicios del pasado 9 de marzo casi un millón de votos y su representación se limitó a dos diputados; mientras que CiU, con 800.000 sufragios, cosechó 11 escaños. UPyD necesitó 303.553 papeletas para tener un representante en el Congreso; y el PNV, con apenas 200 papeletas más, sumó seis.

Convertir España en circunscripción única, como en las europeas, es su sueño, pero el posibilismo les lleva hacia un colegio electoral nacional restringido en que se elegirían un número de diputados por determinar. Las simulaciones que se han hecho con este sistema eleva la representación parlamentaria de ambas fuerzas.

Los nacionalistas, por su parte, propondrán que en los comicios para el Parlamento europeo la circunscripción sea la autonomía y no la totalidad del territorio nacional. Con esta fórmula, se garantizarían una presencia más nutrida en la cámara de Estrasburgo ya que con el sistema actual las buenas votaciones que obtienen en sus respectivas comunidades quedan devaluadas en el cómputo total.

Obligatorios

La subcomisión también analizará la posibilidad de que los debates entre los candidatos estén regulados por ley y sean obligatorios para que no queden al albur de los cálculos políticos de los estrategas de campaña. Los partidos quieren además establecer nuevas reglas para la precampaña electoral, que en la actualidad no es más que una ampliación de la misma con la salvedad formal de que en los mítines no se puede pedir el voto.

La difusión de las encuestas electorales será asimismo materia de debate. La ley vigente restringe la difusión de los sondeos hasta una semana antes del día de las votaciones, una medida obsoleta para la mayoría de las fuerzas políticas. La neutralidad de las campañas institucionales de fomento de la participación ciudadana será otro de los aspectos que tendrán que negociar los grupos.

Los ponentes acordaron en su reunión del pasado 2 de octubre solicitar un informe a la Junta Electoral Central sobre los aspectos, a su juicio, modificables de la normativa vigente. Este texto, junto al documento que elabora el Consejo de Estado a instancias del Gobierno, serán los pilares jurídicos de unos debates que se presumen muy largos y abarcarán buena parte de la legislatura por la disparidad de puntos de vista.