Información 3.0

España es uno de los pocos países europeos sin una ley para garantizar el acceso a los datos y actividad de las administraciones. Una falta de transparencia denunciada repetidamente. Manda la propaganda frente a la información sobre qué hacen los cargos públicos, con quién y adónde va el dinero de los contribuyentes. Según el último informe sobre la transparencia informativa en España, el 78% de las solicitudes de información a la administración no se contestan adecuadamente. La administración digital avanza, pero más enfocada a facilitar trámites administrativos que a ampliar la ciberdemocracia. En Gran Bretaña, el Gobierno estudia un plan para publicar toda su información en webs donde los ciudadanos puedan participar y utilizar esos datos para cualquier actividad. Barack Obama defiende en Estados Unidos la publicación en Internet de todos los actos administrativos y la creación de una especie de Google para el gobierno, un buscador para controlar el dinero público.

En España, será necesario vigilar de cerca la ley para no repetir los problemas y limitaciones sufridos hasta ahora. Una buena ley de acceso a la información debe garantizar el derecho de reclamar información de forma sencilla, rápida y gratuitamente sin que se pregunte al ciudadano para qué quiere conocer la información. El rechazo debe ser motivado y recurrible ante un órgano independiente. Y si la información de las administraciones vuelve al dominio público a través de fuentes abiertas y participativas, la ciudadanía 3.0 empezará a ser real. La calidad de la democracia va en ello.