Corbacho calcula que entre 8.700 y 13.050 inmigrantes en paro se acogerán al retorno voluntario

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, calcula que entre 8.700 y 13.050 inmigrantes en paro se acogerán al decreto de retorno voluntario puesto en marcha por el Gobierno para que este colectivo pueda capitalizar la prestación de desempleo a la que tienen derecho y volver a su país de origen si no tienen "esperanzas de encontrar trabajo en un futuro próximo".

En una entrevista a Catalunya Informació, Corbacho estima que, de los 87.000 inmigrantes parados procedentes de países con convenios con la Seguridad Social española, "entre un 10 y un 15% se podrían acoger" a la medida.

El ministro asegura que el decreto tiene vocación de tener "carácter permanente" para apoyar las "migraciones circulares", y no sólo aplicarse durante esta coyuntura económica "difícil". Ha destacado que la medida ofrece "una oportunidad" de volver a su país a alguien que "no tenía esperanza de futuro" dándole una prestación que le corresponde "por derecho".

Corbacho se ha mostrado partidario de orientar el trabajo en materia de inmigración a conseguir una política "más unitaria" a nivel europeo, puesto que ha recordado que la decisión interna de un sólo país "no es lo único que vale, porque tiene efectos sobre otros países vecinos".

Reformar la actual Ley de Extranjería

El titular de Trabajo ha justificado la necesidad de reformar la actual Ley de Extranjería porque, a pesar de que hay cosas que funcionan, existen algunas "contradicciones", como el hecho de que los hijos reagrupados de familias inmigrantes entre los 16 y los 18 años no lleguen con un permiso de trabajo a pesar de estar "fuera de la edad escolar".

Corbacho ha lamentado que la "única posibilidad" que les queda a estos jóvenes sea la de "quedarse en la calle mientras sus padres trabajan".

Además, se ha mostrado partidario de ordenar las reagrupamientos familiares, de modo que el núcleo familiar (pareja e hijos) se pueda reagrupar al cabo de un año de estancia en el país, mientras que la de los padres y suegros se haga "una vez han transcurrido cinco años y el inmigrante tenga una situación jurídica permanente".