Más dinero para los municipios

También se solicita la creación de un Consejo Local de Política Financiera, en el que, junto a representantes de la Federación Estatal de Municipios y Provincias, FEMP, estén los seis municipios mayores y otros representantes de los medianos y pequeños. Esta fórmula, que cuestiona la representatividad de la propia FEMP, sólo se explica en clave partidista de querer contar allí con una mayoría propia. Tampoco parece muy efectivo crear un órgano nuevo, otro más, contradiciendo el acuerdo por unanimidad de la FEMP, es decir incluyendo también el voto del Partido Popular, que pidió entrar en el ya existente Consejo de Política Fiscal y Financiera, junto al Estado y las Comunidades Autónomas. Parece más útil que, en el mismo órgano, estén todos los que deban discutir sobre todo el dinero disponible. De hecho, se critica, con razón, a las autonomías que quieren negociar aparte, «sólo lo suyo».

En cambio, me parece muy bien la última petición: que la futura Ley de Bases del Régimen Local delimite las competencias de la administración local, para evitar que asuman las que no les corresponden. Ahí está el verdadero problema. La Ley actual, de 1985, si bien enumera las competencias que el municipio ejercerá «en todo caso», deja una amplia puerta para asumir casi lo que se quiera, de forma voluntaria. Se dice que el municipio «puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal». Obsérvese que la ley dice que puede, no que esté obligado a prestar esos servicios. Eso ha supuesto que, en la práctica, nuestros gobernantes locales se han dedicado a interpretar esas «necesidades y aspiraciones» de sus vecinos, más con criterios de popularidad personal que de eficacia. Y, así, el aparato municipal ha ido creciendo hasta querer emular a esas ciudades-Estado de la antigüedad. En lugar de desarrollar las ya amplias competencias propias, se buscan otras tan fuera de lugar como desplegar relaciones internacionales o crear empresas municipales de televisión. Eso hay que pagarlo y, por supuesto, no hay dinero suficiente. Sí lo debería haber para las prestaciones de servicios sociales, que también son, expresamente, competencia local, aunque alguien diga que se asumen por voluntad propia. E, incluso, habría que discutir -y ahí es el lugar de la política concreta y de las discrepancias- si muchos de esos gastos populistas en cumpleaños de mayores, desayunos, recepciones, conciertos gratuitos, fuegos artificiales en las barbacoas a las que se recomienda no asistir o, en fin, la misma programación de espectáculos claramente comerciales que se venden con la etiqueta de cultura, anulando o sobreprotegiendo a la iniciativa privada, pueden ser considerados un uso eficiente del dinero público.

Porque sorprende la falta de responsabilidad con la que no se asume que el dinero público es finito. Cuando se critica agriamente que el Gobierno no asume la crisis, no se dan por afectados en su propia Administración. Ahí, barra libre. Según la Ley de Haciendas Locales, además de sus ingresos propios, a las capitales de provincia y grandes municipios, se les ceden unos porcentajes sobre los impuestos estatales recaudados. Si hay menos recaudación, hay menos dinero para esos Ayuntamientos. Parece obvio. Pero la culpa de que no haya dinero para lo necesario es también de quien se lo gasta en lo innecesario.