Condena general
La banda terrorista ETA ha querido dejar patente que continúa existiendo mediante un brutal mensaje de destrucción y volviendo a advertir de que su propósito es seguir matando. El atentado contra la sede de Caja Vital y, sobre todo, el ataque perpetrado contra la comisaría de la Ertzaintza en Ondarroa demuestran hasta qué punto los terroristas se sienten en la necesidad de teñir de nuevo de sangre su macabra ejecutoria. Algo que sólo la fortuna evitó en el caso de la localidad vizcaína. Sería un grave error de apreciación interpretar estos dos últimos atentados y la bomba-lapa que a punto estuvo de costarle la vida a un policía nacional el pasado martes como si fueran la respuesta a la sucesión de sentencias de ilegalización que en el plazo de una semana han dejado fuera de juego a ANV, al PCTV y a la cúpula de las Gestoras pro-Amnistía. Para los activistas de la banda el papel de las siglas disueltas resulta tan utilitario y accidental que han sido ellos mismos los que han procurado empujarlas fuera de la Ley. Las intenciones etarras van por otro lado. Se esfuerzan en trasladar a la sociedad y a las instituciones el consabido mensaje de que su persistencia se convierte en la razón última de que los demás -el Estado, la ciudadanía- deban hacer suyos sus postulados. Aunque ni siquiera convendría deducir la existencia de una estrategia que persiga una próxima negociación mediante esta escalada de atentados. Porque, al final, lo que pretenden los terroristas es hacer ostentación ante sus propias bases de un poder coactivo y disuasorio respecto a la eventualidad de que se produzcan movimientos disidentes en su seno para garantizar así su perpetuación como fuerza fáctica.
Actualizado: GuardarAnte esta nueva ofensiva etarra la obligación de quienes tienen encomendada la dirección de las fuerzas de seguridad no es sólo evitar que eso ocurra, desde una actitud más defensiva que ofensiva. Porque incluso para lograrlo siempre resultará más eficaz perseguir como objetivo el desmantelamiento de las estructuras etarras, la detención sistemática de sus integrantes, optimizando entre otros recursos las posibilidades que brinda la colaboración internacional, que una gestión más reactiva de los esfuerzos. En cualquier caso, toda estrategia ofensiva que persiga el desmantelamiento de ETA requiere una actitud política consensuada cuyo objetivo no sea su derrota y desaparición. No es que hoy no se den condiciones para un final dialogado del terrorismo, para la apertura de un eventual proceso de negociaciones o conversaciones entre el Gobierno y la banda terrorista. Es que tal supuesto ha de quedar descartado de manera taxativa; así lo han de entender los activistas del terror, sus cómplices y sus seguidores, y así han de asumirlo también aquellos sectores del nacionalismo gobernante que continúan acariciando la idea de hacer valer sus propias aspiraciones al albur de un enésimo proceso de paz.
