Ybarra recibe peticiones de luz y agua de los diseminados cada día

El área de Urbanismo sigue recibiendo decenas de peticiones de luz y agua de los propietarios de viviendas construidas fuera de planeamiento. Así lo aseguraron a este medio fuentes del Ayuntamiento, que dejaron claro del mismo modo que «no se firmará ni una sola autorización». Y es que la edil de Urbanismo, Patricia Ybarra, desde que tomó las riendas del área, incidió en que no haría nada que fuera en contra de la legalidad vigente.

La última polémica urbanística protagonizada por el anterior alcalde, Hernán Díaz, y el concejal de Urbanismo durante el periodo 2003-2007, Juan Carlos Rodríguez, no ha hecho sino endurecer esta postura del nuevo equipo de Gobierno. El fiscal pide dos años de cárcel para Díaz y Rodríguez por el caso Pinar de Coig y el colectivo conservacionista de Ecologistas en Acción del que partió la denuncia solicitará en el juicio que se celebrará a principios de año que la pena se amplíe a cinco años de prisión para el ex alcalde y ex concejal de Urbanismo.

Dureza

Con este panorama la actual concejala, Patricia Ybarra, dejó claro hace unos días en un comunicado oficial que «no va a saltarse la ley para dotar de servicios a las zonas ilegales». Así, desde hace más de cinco meses mantiene negociaciones con la coordinadora de asociaciones vecinales, Coave, para intentar buscar una solución legal a la falta de servicios de luz y agua de los diseminados. En concreto, están estudiando la puesta en marcha de un protocolo que regularía, respetando la legalidad, la dotación de servicios mínimos, pero por el momento Ybarra no ha llegado a un acuerdo con los vecinos que piden un protocolo más permisivo de lo que la edil propone.

El pasado martes, representantes de la federación de asociaciones vecinales, Flave, y de la coordinadora, Coave, mantuvieron un encuentro con la edil de Urbanismo para buscar soluciones a la falta de servicios mínimos y los expedientes sancionadores que pesan sobre las viviendas ilegales, algunos de los cuales superan ya los 50.000 euros en multas coercitivas. José Antonio Castro, presidente de Coave, aseguró que «el encuentro se celebró en un ambiente de total cordialidad». Además, en breve se reunirán con el alcalde, Enrique Moresco, y con el edil de Economía, David Páez, para analizar todo..

Paralelamente a estas negociaciones, Flave y Coave, mantienen convocada una asamblea general a mediados de octubre para realizar un análisis de la situación que actualmente atraviesan los diseminados y para plantear posibles actuaciones de protesta.