Polémico final

a decisión del órgano de gobierno de los juecess (CGPJ) de retirar la multa de 305 euros a la juez de Denia que objetó la constitucionalidad de los matrimonios homosexuales y se negó a celebrar estas bodas no constituye el mejor final de su controvertida andadura. La consideración de la actitud abiertamente indisciplinada de la magistrada ni siquiera puede explicarse como efecto de un mal entendido corporativismo. Porque más allá de los intereses profesionales la razón de ser del Consejo es precisamente requerir a los miembros de la judicatura para que, por encima de sus consideraciones morales o ideológicas, se obliguen a respetar y aplicar la legalidad vigente.