Sentencia a una precipitación Brown quiere aclarar el 'caso Omagh'

Viajar en avión es una experiencia más pesada desde el 10 de agosto de 2006, porque los pasajeros tienen que someter su equipaje a controles más lentos y detallados y deben llevar en una bolsa trasparente envases de líquidos con un volumen máximo de 100 mililitros. Y sin embargo, los acusados de preparar el acto terrorista que provocó estos cambios fueron declarados inocentes de intentar volar los aviones la semana pasada. Un jurado del tribunal de Woolwich, en el sur de Londres, sólo sentenció a los tres principales acusados como culpables de intento de asesinato, a otros cuatro como culpables de intento de desorden público y al octavo acusado como inocente de todos los cargos. Pero la BBC calificó como «estupefacción» esta noticia.

El veredicto no parece caprichoso, aunque hay indicios de que los tres condenados por intento de asesinato planeaban cometerlo haciendo explotar bombas en aviones que partían, en mitad de agosto de 2006, de aeropuertos británicos con rumbo a EE UU no habían comprado aún los billetes.

Pero la información acumulada por los servicios británicos de inteligencia sobre los acusados deja poco lugar a las dudas. En primer lugar, el método para causar una masacre en vuelos transatlánticos era efectivo e ingenioso. Inyectarían una mezcla que incluía peróxido de hidrógeno y un refresco en polvo en botellines de plástico e introducirían en ellos detonadores camuflados en pilas vaciadas y activables con el botón de una cámara fotográfica.

¿Por qué preparaban bombas tan pequeñas y tan sencillas de camuflar? ¿Para colocarlas en el aeropuerto de Heathrow sin causar daños y así llamar la atención sobre la mala política exterior británica, como alegó la defensa? ¿Por qué hablaban de 19, el mismo número de los conspiradores del 11-S?

Las biografías son conocidas y coinciden con las de los perpetradores de la masacre del 7-J en el transporte público de Londres. Son jóvenes con frecuencia nacidos en Inglaterra y en familias paquistaníes que en un momento de su juventud toman una posición política y religiosa, se radicalizan y entran en contacto con la trama de Al-Qaida. El núcleo de esta trama coincidía en la tienda de una ONG, en el este de Londres.

El jurado vio pruebas de las conexiones de los acusados con los comandos suicidas del 7-J y del 21-J. Cuando dos condenados se reunieron en un parque, los servicios que les observaban dedujeron que sospechaban que sus teléfonos están interceptados. Y metieron en casa del líder una cámara y un micrófono. El jurado vio la fabricación de bombas y oyó las conversaciones.

Alguno de los conspiradores tenía incluso contacto regular con el MI5, que seguía al mismo tiempo el rastro de Rashid Rauf, otro paquistaní en conexión con varias tramas de Al-Qaida. Los servicios antiterroristas británicos pidieron la colaboración de sus colegas americanos para aumentar la vigilancia de Rauf. Pero los americanos forzaron su detención y los británicos tuvieron que precipitar las cosas y detener a los vigilados.

Aunque las fuentes oficiales no aluden a conspiraciones partidistas, la frustración por la sentencia ha llevado a las autoridades británicas a mostrar su queja ante una cultura antiterrorista americana que intentaría aplastar las tramas en el momento de detectarlas. El primer ministro británico, Gordon Brown, ordenó ayer iniciar una investigación sobre la actuación de los servicios secretos en el atentado de Omagh (1998), bajo sospecha por haber ocultado pruebas sobre la identidad de los terroristas.

Diez años después de la masacre, nadie ha sido condenado, pero un documental de la BBC reveló el pasado lunes que los servicios secretos británicos llegaron a grabar conversaciones telefónicas mantenidas por los terroristas de camino a Omagh el mismo día de la explosión. La cadena asegura que los servicios de inteligencia no pasaron esas informaciones a los responsables de la investigación, que fue llevada a cabo conjuntamente por las fuerzas de seguridad irlandesas y norirlandesas.

En consecuencia, las familias de los 29 fallecidos en el atentado están considerando la posibilidad de acusar al Gobierno de Londres de «conspirar para obstaculizar el curso de la Justicia» si no hace públicas las citadas grabaciones.