El pacto presupuestario
Los medios catalanes dan ya por cierto que el Gobierno no va a contar con los nacionalistas de CiU y de ERC para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2009 y que el Ejecutivo se apoyará en el Partido Nacionalista Vasco y en el Bloque Nacionalista Galego para conseguir su aprobación en las Cámaras. Pocas opciones más tiene el Gobierno en su mano, salvo la de prorrogar los presupuestos vigentes, algo impensable dada la actitud de CiU, que ha condicionado públicamente su voto favorable a los presupuestos al logro de un previo acuerdo sobre la financiación autonómica. Dicho acuerdo, si se consigue, llegaría demasiado tarde a este fin.
Actualizado: GuardarLa postura de CiU en este asunto es difícilmente inteligible en estos momentos de depresión y crisis. Porque seguramente muchos pensamos que su inhibición en este caso no se justifica por la demora en la negociación sobre financiación, ni es una represalia legítima por el hecho, bien previsible, de que el Gobierno vaya a inscribir los resultados de la negociación bilateral con Cataluña en el marco multilateral inexorable del Consejo de Política Fiscal y Financiera hasta lograr el consenso que será la base de la futura LOFCA.
Conviene precisar que los Presupuestos Generales para 2009 no son esta vez simplemente el compendio de las preferencias gubernamentales en materia de ingresos y gastos. Son, ante todo, la única herramienta potente que tiene el Gobierno para afrontar la crisis. La austeridad en el gasto, la preferencia por la inversión y el énfasis en la Educación y el I+D, son los principales elementos de la lucha contra la fase descendente del ciclo económico. Tiempo habrá después, en el curso de 2008, de ir poniendo en pie un nuevo modelo de financiación autonómica que, en todo caso, habrá de implementarse a plazos, porque con toda evidencia no será momento de acometer entonces nuevos dispendios.
En definitiva, yerra CiU desentendiéndose de prestar una contribución razonable a este proyecto de ley del que depende en gran medida la respuesta del Estado a la coyuntura adversa. Porque también los catalanes están padeciendo en carne propia los rigores del estancamiento, que bien pudiera convertirse en recesión a corto plazo. La centralidad que pretende la formación peligra a los ojos de una sociedad, la catalana, que acaba de reconocer ante su propio colectivo de sociólogos que se encuentra «confusa, perpleja y vacilante» ante su propio ser y su futuro.
El recurso al apoyo del PNV, que nada tiene que ganar o que perder en este asunto (ya se sabe que la economía vasca es plenamente autónoma gracias al régimen del concierto y el cupo), permitirá al Gobierno salir del atolladero. Además, carece de sentido que un partido como el PNV, que está generando el pintoresco conflicto de la fallida consulta autodeterminista con el Estado, sea el apagafuegos de otros incendios que se inscriben en el marco constitucional.
En esta ocasión, por su singularidad, los presupuestos requerirían un tratamiento excepcional por las razones apuntadas.
Habrían de contar con un consenso amplio, con aportaciones incluso de la principal oposición y habrían de servir para promover un debate sobre los objetivos reales del dinero público y la mejor forma de aplicarlos. No es bueno en absoluto que su aprobación dependa de un simple trueque de votos y que discurran por las Cámaras sin pena ni gloria, sin que se produzca un verdadero contraste de pareceres y sin que la opinión pública perciba que todos los partidos dan preferencia al interés colectivo sobre su conveniencia coyuntural.
Se equivoca, en fin, Mas al retraerse, se equivoca Pujol al consentírselo, se equivoca el nacionalismo catalán en su conjunto al replegarse con respecto a los grandes problemas de España. Éste no es tampoco el camino fecundo que ha llevado a Cataluña al lugar relevante en que se encuentra.
