La postergación del poder Judicial
Si usted es un modesto asalariado que vive en una remota aldea y, al efectuar la declaración de la renta comete el error de olvidar el más pequeño ingreso documentado que haya tenido durante el ejercicio en cuestión, no debe tener la menor duda de que nuestra Agencia Tributaria le remitirá con toda diligencia una declaración paralela que le obligará con malos modos a reparar inmediatamente la omisión, sin perjuicio de que probablemente se le sancione por tan inadmisible fallo, que resulta altamente demostrativo de su escasa conciencia fiscal. Nuestros potentes y modernos ordenadores de la todopoderosa Hacienda todo lo saben, al menos de la clase media; otra cosa es el control que existe sobre las operaciones de ingeniería financiera de las grandes fortunas, pero éste es un asunto que nos llevaría a otro debate, también muy arduo, que hoy no toca abordar.
Actualizado: GuardarSin embargo, si usted es un delincuente acreditado, con voluminoso currículo a sus espaldas, y se halla de permiso penitenciario, lógicamente concedido a condición de que no escape y regrese puntualmente a prisión cuando termine el plazo, puede ir tranquilamente a cualquier comisaría de policía a renovarse el caducado pasaporte que ningún sistema informático detectará la marrullería. De hecho, tal cosa acaba de ocurrir: el abogado Rodríguez Menéndez ha huido del país gracias a semejante laguna en los sistemas de seguridad. También, no hace muchos meses, un peligroso pederasta cometió un ominoso crimen después de haber sido condenado por repugnantes delitos sexuales porque no funcionó la conexión entre el juzgado que dictó la sentencia y la policía judicial que debió haberla ejecutado. Es, pues, evidente que este país, por fortuna, dispone de un grado de desarrollo material e intelectual muy notable, lo que le permite disponer de un sistema tributario con una capacidad recaudatoria plena, por no hablar de otros alardes tecnológico de la propia administración pública que demuestran el alto de grado de civilización que hemos alcanzado. Sin embargo, el mundo judicial continúa todavía envuelto en las opacidades del subdesarrollo: no existen sistemas informáticos unificados que permitan identificar en el acto a un delincuente, o comprobar si ha incurrido en reincidencia, o constatar que está cumpliendo la pena de privación de libertad en su caso, o garantizar que será puesto en libertad en el instante mismo en que la haya cumplido, etc. Esta flagrante carencia no es ocasional ni inocente. La politología clásica avisa de que la división de poderes del conocido esquema de Montesquieu plantea el riesgo de que el Ejecutivo trabaje activamente para impedir el desarrollo del Judicial, que es el que ha de controlarlo jurídicamente y, en su caso, de sancionarlo. También hay que decir sin rubor que los propios jueces no son inocentes en este asunto. El ejercicio de la independencia personal y política además de la jurisdiccional por parte de los jueces llevaría sin duda a las instituciones judiciales a adquirir una capacidad reivindicativa y de denuncia muy superior a la actual. Porque el sometimiento de los jueces al halago del poder es la principal herramienta de éste para mantener a la Justicia distraída e infradotada.
