Pedro Solbes decepciona con su propuesta de nueva financiación La solidaridad enfrenta a las autonomías

La esperada presentación por el vicepresidente económico de una renovada propuesta de bases para un nuevo modelo de financiación autonómica decepcionó a todos los partidos. Lejos de aportar novedades, Pedro Solbes se atrincheró ayer en los principios ya esbozados en su propuesta inicial, que no incluye números y que fue rechazada por los grupos en julio pasado. Las fuerzas nacionalistas catalanas amenazaron al Gobierno con bloquear la aprobación de los Presupuestos para 2009 si no hay acuerdo.

El debate celebrado en la comisión de Economía del Congreso sirvió sólo para constatar la fractura que separa a los gobiernos central y autonómicos en materia de financiación. Solbes reiteró la propuesta que ya planteó el mes pasado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera sin ninguna cesión para atraerse a los nacionalistas catalanes, los más beligerantes en la negociación. Por ello, todos salieron de la comisión con la sensación de que la sesión no había servido para nada. El responsable de Economía presentó una propuesta basada en 12 principios básicos, cuyo meollo es la oferta de elevar al 50% la participación de las comunidades en el IRPF, el IVA y los impuestos especiales, que gravan el tabaco, el alcohol y los hidrocarburos.

Según la propuesta de Solbes, el reparto de fondos adicionales a aportar por el Ejecutivo a los territorios se decidirá en función de las disponibilidades presupuestarias, y ajustándose a «las necesidades y a la evolución de la población». Evolución que Solbes ligó sólo al incremento de habitantes, sin entrar a valorar otras variables como su envejecimiento o dispersión de la población.

El vicepresidente dudó de que la llegada masiva de inmigrantes a un territorio, hecho al que se aferran los nacionalistas catalanes para reclamar más fondos para pagar los servicios básicos, suponga automáticamente más gasto. En ocasiones, señaló, estos nuevos pobladores pueden suponer más ingresos ya que también pagan el IRPF y el IVA. En todo caso, Solbes subrayó que el nuevo sistema garantizará que los recursos tributarios cedidos por el Estado para la prestación de servicios básicos -educación, sanidad y servicios sociales- sean iguales para todos sin perjuicio de su lugar de residencia. «Ninguna comunidad saldrá perjudicada», repitió.

Respeto al Estatut

El responsable de Economía reiteró la máxima ya expresada por José Luis Rodríguez Zapatero de que su propuesta es respetuosa con la Constitución y con el Estatuto de Cataluña. Una visión no compartida por los nacionalistas catalanes, que desde el pasado 9 de agosto denuncian que el Ejecutivo central incumple el Estatut, al haber violado el plazo de dos años para pactar la financiación en una comisión mixta Estado-Generalitat, una bilateralidad a la que no están dispuestos a renunciar en esta negociación.

Colapso financiero

El portavoz de CiU, Josep Sánchez Llibre, aseguró que el Gobierno «se salta a la torera lo que establece el Estatut» e «incumple sistemáticamente la ley» al no cerrar el acuerdo. El diputado nacionalista avisó al Ejecutivo de que «está jugando con las cosas de comer» y que su formación será «inflexible en la negociación». CiU, explicó, aspira a liderar la «unidad de acción» de las fuerzas catalanas -entre las que incluyó al PSC, que aporta 25 diputados al grupo socialista- para negociar «globalmente» la financiación y los Presupuestos, que el Congreso comenzará a tramitar en otoño.

A esa unidad de acción dieron su apoyo ERC e ICV, formaciones socias con el PSC en el Gobierno catalán. El republicano Joan Ridao reprochó a Solbes que presentara una propuesta «genérica», que «adolece de inconcreción» y «no cumple los mínimos» para ser tomada en cuenta. Como su homólogo de CiU, vinculó el acuerdo en la financiación a su voto favorable a las cuentas públicas, y recordó que las formaciones catalanistas son «una sexta parte» de la cámara. Como CiU, anunció que ERC será firme, pues «preferimos un no acuerdo a un mal acuerdo».

Esa afirmación fue ratificada por el representante de ICV, Joan Herrera, para quien la oferta de Solbes «ni sirvió ni sirve». Iniciativa, que arrancó a la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, el compromiso de cerrar un acuerdo en tres meses, exigió una propuesta «desde el cumplimiento del Estatut» y respetuosa con la bilateralidad. De no alcanzarse ese pacto, auguró, llegará el «colapso» financiero de Cataluña pero habrá «un panorama idéntico en el conjunto del Estado».

Solbes rechazó ligar la negociación de la financiación con los Presupuestos. «Son negociaciones diferentes, y trabajaré en ambas aplicando aquellos criterios que se tienen que aplicar», recalcó. El responsable de Economía del PP, Cristóbal Montoro, afirmó que el Gobierno «está confuso». Reprochó a Solbes que intente cuadrar un sudoku para «contentar a tirios y troyanos, y contentar a todos en política no siempre es posible». El PP reclamó que el sistema cuente con la aprobación «unánime» y que la negociación sea multilateral pues «esa es la única garantía de que no hay ganadores ni perdedores». El portavoz popular acusó, además, al presidente del Gobierno de «hacer novillos» y escudarse en su vicepresidente para no ir al Congreso. La solidaridad se ha convertido en el mayor escollo para el modelo de financiación. La cesión de tributos no es un problema en esta ocasión, pero el trasvase de fondos de las comunidades ricas a las de menos recursos, así como el reparto de la aportación de la Hacienda central, es la manzana de la discordia.

Los territorios con más recaudación fiscal, Cataluña, Baleares, Madrid y Comunidad Valenciana, no aceptan un sistema que, una vez aplicada la nivelación territorial, penaliza su esfuerzo. Con este modelo, Cataluña es la tercera autonomía en recursos antes de la nivelación, pero después de la redistribución de los fondos es la undécima.