Televisiones autonómicas
Como es conocido, durante la legislatura anterior, el Gobierno de Rodríguez Zapatero llevó a cabo meritoriamente la reforma del audiovisual público estatal, que hasta entonces, y a pesar del cambio de régimen acaecido a la muerte de Franco, no pasó a ser una institución verdaderamente democrática. No hace falta recordar que hasta dicha reforma RTVE fue un instrumento de propaganda al servicio del Gobierno de turno; en los casi 30 años de ese período hubo etapas más dignas que otras, pero todos los sucesivos Gobiernos, sin excepción, utilizaron la potente radiotelevisión pública como una herramienta para ejercer el poder y competir con dolosa ventaja en las elecciones. Zapatero pasará a la historia por esta mudanza, y así ha de reconocerse sea cual sea la valoración que se tenga de la ejecutoria global del personaje.
Actualizado: GuardarEl cambio ha sido patente. Las pasadas fueron las primeras elecciones generales en las que no se produjo una acalorada disputa por el sesgo de RTVE. Y lo cierto es que desde que el PP se avino a participar en aquel consenso -uno de los escasísimos que se consiguieron en la legislatura 2004-2008- no ha vuelto a haber polémica sobre el papel de los medios estatales en lo que respecta a su neutralidad ideológica (hay otras polémicas, perfectamente soportables, sobre el papel de los medios públicos en el sistema mediático, pero ésta es otra cuestión). La profesionalidad de quienes están a cargo de RTVE ha conseguido el milagro de adquirir cómo será posible abordar la exorbitante deuda, lógicamente avalada por las instituciones autonómicas.
No parece que esta situación sea soportable en un régimen ya consolidado y maduro como el nuestro, en el que se ha conseguido lo que parecía más difícil, que es dar encaje político al audiovisual estatal. Los escándalos protagonizados por las televisiones autonómicas son continuos y para muestra un botón: ayer, un periódico de alcance estatal se congratulaba irónicamente de que la televisión autonómica castellano-manchega hubiera considerado ya de suficiente interés público programar una entrevista con la presidenta del Partido Popular en la región desde mayo de 2006, diputada regional desde mayo de 2007 y, desde el pasado junio, secretaria general del PP nacional. El 25 de julio fue reelegida presidenta regional y finalmente ese día los responsables de la cadena autonómica le solicitaron una entrevista que previsiblemente será emitida en septiembre. En este caso, el sectarismo es socialista, pero nadie imaginará que no sucede exactamente lo simétrico en las televisiones sometidas a la férula popular.
A la vista está que las comunidades autónomas no muestran el menor interés en poner fin a este denigrante espectáculo, por lo que no cabe confiar en que sean ellas las que remedien el entuerto.
De forma que parece necesario que sea la mayoría política la que proponga al PP un pacto para reformar la normativa, que es de 1999, acomodándola a las mismas pautas que se han establecido para el audiovisual público estatal.
Entonces, y sólo entonces, resultará razonable la propuesta que ha formulado un senador socialista de las Baleares en el sentido de que todas las televisiones autonómicas emitan en todo el Estado. En tanto dure el sectarismo, más vale que nadie barra la basura de puertas afuera de la propia casa.
