La lacra mexicana

El secuestro y la muerte del joven Fernando Martí es la punta de un terrible iceberg que, además de conmocionar a México, ha generado un importante debate en torno al papel que cumplen los negociadores. En este punto aparece el planteamiento de que si realmente suponen una ayuda o son un obstáculo a la hora de gestionar los rescates económicos.

En el caso de Fernando, si éste hubiera sido hijo de un mexicano común y no del millonario Alejandro Martí, otro gallo hubiera cantado. Las espeluznantes cifras no oficiales revelan que de las 8.416 personas que fueron raptadas entre 1994 y 2008, más de 600 fueron asesinadas, eso sin contar la multitud de casos que no llegan a denunciarse.

Pero la muerte del muchacho a manos de la banda La Flor, integrada por agentes federales y policías, no será una más en este dramática lista. De ello se encargará su padre quien ha creado una fundación para ayudar a familias que pasen por la misma trágica situación. Un esfuerzo económico que bien puede Alejandro Martí, quien amasó su fortuna a base de imperiosos sacrificios como vendedor de artículos deportivos, con el mismo ahínco que intentaba salvaguardar a su hijo frente a cualquier peligro y lo protegía con un chófer y un guardaespaldas. Sin embargo, de nada le sirvió el pasado 4 de junio, cuando un grupo de hombres vestidos de policía paró el coche, disparó a los custodios, de los cuales uno falleció, y raptó al menor. A los pocos días y como era de esperar, los secuestradores se pusieron en contacto con la familia para pactar un rescate millonario.

Como en la mayoría de las ocasiones, el escepticismo hacia la labor de la Policía llevó a los Martí a contratar los servicios de Ernesto Mendieta Jiménez, un experto en cuestiones de seguridad que asesoró las negociaciones «sin cobrar». Se desconoce si, como en otros casos, los allegados recibieron como prueba de vida la oreja o una falange mutilada de su ser querido, muestras estremecedoras de la crueldad de los captores. Pero es seguro que, a diferencia de las miles de familias que han tenido que costear y vérselas cara a cara con el secuestro, los padres de Fernando no necesitaron vender joyas o la cubertería de plata para conseguir la libertad de su hijo, con talonario de por medio.

Tras angustiosas horas de espera y de hostiles conversaciones, se acordó pagar un rescate de 5.135.000 pesos mexicanos, unos 350.000 euros. El 12 de julio, de acuerdo a unas precisas instrucciones, los raptores recibieron el dinero que debía devolver al muchacho junto a su familia. Fue en vano, porque a finales de ese mes aparecía el cadáver en el maletero de un coche. La autopsia determinó que Fernando había muerto por asfixia a primeros de mes y las investigaciones apuntan a que el desenlace pudo llegar tras una pelea entre los delincuentes.

Mientras se investigaba el paradero del joven la Fiscalía fue prudente y rechazó acusar a nadie. Pero cuando apareció el cuerpo, su actuación no se hizo esperar y el primer paso fue llamar a Mendieta a declarar como testigo. El experto, director de su propia empresa y que ha asesorado al Gobierno, aseguró que había recomendado a Martí informar a las autoridades del rapto, pero para cuando quiso hacer caso a sus consejos ya habían pasado tres días desde el secuestro.

El miedo a que fuese acusado de obstruir a la Justicia -delito penado entre uno y ocho años de prisión- llevó a Mendieta a presentar un recurso de amparo ante las posibles acciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). «No he cometido ningún delito. No he obstruido nada. He actuado con legalidad».

Muchos policías corruptos se involucran en secuestros animados por la impunidad de la que gozan este tipo de delitos dado que apenas se castigan penalmente. De hecho, el rotativo El Universal sostiene que en el 50% de los raptos está habitualmente involucrado un agente en activo o retirado. La desconfianza hacia la Policía está generalizada entre los mexicanos por lo que en la mayoría de las ocasiones se resisten a denunciar ante las fuerzas de seguridad.

Por ello, no es demasiado sorprendente que Martí no se decidiese por contratar los servicios de un negociador privado. «Me levantaron a mi hijo y sospeché que quizá podrían estar implicados algunos agentes del AFI -Agencia Federal de Investigación- eso me obligó a no acudir a la Policía». Luego agregó que le trataron tan bien que «me arrepentí de no haber acudido a ellos el segundo o tercer día o haberlo hecho desde el principio».

Esas declaraciones favorecen a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que intenta reparar el daño causado en la imagen de las instituciones y no duda en atacar a los intermediarios.

La ONG Pax Christi asegura que, según sus datos, México ha superado ya a Colombia en relación al número de raptos. Ante la dimensión del problema, las autoridades no están dispuestas a quedarse de brazos cruzados y el president de México, Felipe Calderón, ya ha propuesto instaurar la cadena perpetua para secuestradores de niños que hayan formado parte de las fuerzas de seguridad, ha creado un cuerpo especial antisecuestros y ha convocado una cumbre de gobernadores para abordar el tema.