Opinion

Víctimas prioritarias

El paso de los días está permitiendo identificar los aciertos y las fallas que se produjeron en las dramáticas horas que siguieron a la catástrofe de Barajas, al tiempo que ha puesto de manifiesto la necesidad de fijar prioridades para poder dar una respuesta conveniente a las demandas de los familiares de las víctimas. La celeridad y eficiencia con que se desplegaron los servicios de emergencia una vez que se recibieron las primeras alertas del siniestro demostró la adecuada operatividad de los protocolos que ya fueron puestos a prueba con motivo de los atentados del 11-M. Los damnificados pudieron disponer pronto de unidades de psicólogos movilizadas por distintas organizaciones y desde diferentes puntos del país, del mismo modo que el inicio de las complejas y delicadas tareas de los forenses se agilizó en unas circunstancias adversas. Esta óptima gestión no se vio correspondida en esos momentos iniciales ni por una apropiada coordinación de la respuesta institucional, en especial en la transmisión de información que ayudara a calmar el desasosiego de los afectados y al inquietud colectiva; ni tampoco por una reacción diligente de los responsables de Spanair, que evidenció la inexistencia de mecanismos prefijados para afrontar un desastre de estas dimensiones.

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Las investigaciones se encuentran aún en un estado preliminar como para deducir eventuales responsabilidades de la compañía. Pero ello no sólo no exime, sino que obliga a la misma a conducirse en cada momento con la máxima claridad, un requerimiento que se echó en falta en las confusas explicaciones ofrecidas sobre las razones que llevaron a abortar el primer despegue del avión y sobre si el aparato iba a ser retirado en breve del servicio o no. La agilización de las indemnizaciones básicas para poder encarar los efectos más inmediatos de la tragedia y la disposición a atender más comprometidamente a los damnificados resultan premisas inexcusables para que la compañía recupere parte de la credibilidad inevitablemente deteriorada por el siniestro. Junto a ello, las certezas que precisan las víctimas para encarar un trance tan lacerante exigen una identificación rigurosa de los cuerpos que alivie una espera insoportable. Pero también que los poderes públicos eviten pronunciamientos, como el de uno de los fiscales del caso sobre la posibilidad de conocer en un mes las causas del desastre, que alimenten expectativas que puedan verse revocadas tristemente por la realidad.