Contraprogramación económica
La presión del Partido Popular, que mantiene un gabinete de seguimiento de la crisis, y la publicación de los dos indicadores principales que marcan la ruta de la estanflación -el IPC del 5,3%, con un diferencial del 1,3% respecto a la Eurozona, y un crecimiento económico durante el segundo trimestre de sólo el 0,1%, que reduce el interanual al 1,8%- han forzado al Gobierno a adoptar una postura activa para contrarrestar la pérdida de confianza que ha quedado patente en la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística.
Actualizado: GuardarEsta contraprogramación gubernamental, en la que el Ejecutivo ha dado sensación de presencia y ha ratificado la puesta en marcha de un conjunto de medidas en parte ya conocidas. Como saben bien los expertos, las actitudes de los agentes económicos y sus motivaciones desempeñan un papel importantísimo en el comportamiento de los mercados. De ahí que los Gobiernos, aunque dispongan de escasas armas para combatir las contrariedades económicas, hayan de ejercer como tales en la conducción de los ciclos.
En nuestro país, como en todos los de la Eurozona, las herramientas gubernamentales se reducen prácticamente a las de política presupuestaria y fiscal, que asimismo permiten avanzar en la definición de un determinado modelo de crecimiento. Quiere decir que lo lógico es que el Gobierno intente lo que en efecto propone: combinar la lucha contra la mala coyuntura con actuaciones tendentes a incrementar la productividad y la competitividad. Si de lo que se trata es de lograr que la demanda externa venga a sustituir a la exangüe demanda interna, no queda otra solución que la mencionada.
Sucede sin embargo que, aunque la política presupuestaria dispone de un amplio margen de suficiencia dada la buena situación de nuestro país al sobrevenir la crisis, el Gobierno está enmarañado en la financiación autonómica, que limita su autonomía a la hora de elaborar unos Presupuestos anticrisis al mismo tiempo que reduce la disponibilidad de recursos toda vez que la nueva financiación, sea cual sea, supondrá una importante transferencia de capacidad de gasto desde el Estado central y hacia las comunidades autónomas.
Así las cosas, puede asegurarse que ambas cuestiones están ligadas: la política anticrisis y la negociación sobre la financiación autonómica han de ir de la mano. A fin de cuentas, también habrán de ser las autonomías las que distribuyan el gasto social, que Zapatero considera irrenunciable,y que ha de incluir en 2009 no menos de 1.500 millones de euros adicionales para financiar el desempleo. Y es en este asunto -el cambio de modelo de crecimiento-donde el Gobierno y el PP deberían tender puentes.
Dicho esto, está claro que el paquete de medidas acordado ayer, que incluye una considerable financiación de VPOs y a las pymes; así como el proyecto de ley que suprimirá el impuesto sobre el Patrimonio debieron haberse desarrollado años atrás. No hay que hacerse ilusiones ni fiar el desarrollo del problema a la genialidad de los gestores. Lo realmente importante es que el Gobierno mantenga la inversión productiva (aunque ya no se pueda ni se deba apelar al déficit como proponía el viejo Keynes) y, sobre todo, que el Ejecutivo transmita a la ciudadanía la sensación de que el Gobierno está en manos firmes que son capaces de salir al paso de la adversidad y de aprovechar las oportunidades.
El Gobierno, que mantiene una mala política de comunicación, ha cometido el grave error de haber minusvalorado durante meses la importancia de la crisis y de haber llegado tarde a ella. La contraprogramación de ahora indica que al menos ha tomado conciencia de este déficit y se dispone a ponerse a la cabeza de las soluciones. Habrá también que confiar en que la suerte le acompañe en esta empresa que nos concierne a todos.