Enconado desacuerdo
El vencimiento ayer del plazo de dos años previsto en el Estatuto de Cataluña para cerrar con el Estado el nuevo esquema de la financiación autonómica ha agudizado sobremanera el desencuentro entre la Generalitat y el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, subrayando los escollos a los que se enfrenta el desarrollo de la norma tras su tortuosa tramitación. El despliegue de las potencialidades del texto estatutario, que prevé la suficiencia de recursos para la comunidad catalana a través de una negociación bilateral con Madrid, se está viendo lastrado por las dificultades para conciliar las reivindicaciones defendidas con firmeza por el tripartito de José Montilla y avivadas por el nacionalismo soberanista con los intereses generales que debe preservar el Gobierno central en sus conversaciones con el resto de las autonomías del régimen común, todas salvo el País Vasco y Navarra. Unas dificultades que tienen que ver con las previsiones estatutarias, a partir de las cuales a Generalitat identifica la población como criterio básico para el reparto de fondos y plantea que el mecanismo de solidaridad se limite a la Sanidad, la Educación y los asuntos sociales, así como con el encaje de esas exigencias en el marco de la negociación multilateral. Pero también con los efectos sobrevenidos de una crisis económica que acorta el margen de maniobra del Gobierno.
Actualizado: GuardarEl problemático desarrollo del Estatut no puede llevar, en ningún caso, a desconsiderar la relevancia de una Ley Orgánica refrendada por la ciudadanía. Pero si esto es insoslayable para el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, la Generalitat no debería escudarse en una lectura tan estricta del Estatut que imposibilite al Estado alumbrar un acuerdo satisfactorio que conjugue todos los intereses en liza. Especialmente cuando la literalidad del texto estatutario catalán continúa sometido a revisión por el Tribunal Constitucional y cabe la posibilidad de que éste reinterprete a la baja el Título VI en el que se fija el sistema de financiación, limitando el alcance de la negociación bilateral. El peligroso enconamiento de las relaciones entre las instituciones catalanas y el Estado urge que la resolución judicial no se demore mucho más tiempo. Pero también exige responsabilidad política para evitar que el desencuentro desemboque en un inquietante choque de legitimidades, al que parecen apuntar los severos reproches de la Generalitat contra Rodríguez Zapatero y la unidad de acción en torno al Estatut forjada por el tripartito y CiU. Los amagos del PSC de no apoyar los Presupuestos del Estado si no se alcanzara un acuerdo -sus 25 diputados son imprescindibles para el PSOE- y la advertencia de los nacionalistas de que no avalarán las Cuentas sin ese pacto previo sitúan ante un escenario de quiebra que tendría consecuencias inasumibles para el Gobierno, los intereses generales y la propia Cataluña.
