ESPAÑA

El juicio civil por el accidente del Yak-42 se repetirá en Zaragoza en noviembre

El juicio civil por el accidente del Yak-42 en Turquía, en el que murieron 62 militares españoles, se repetirá la última semana de noviembre, según acordaron ayer las partes con la jueza Amalia Sanz, al cargo de este caso que instruye el Juzgado de Primera Instancia número dos de Zaragoza.

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En una audiencia previa, los abogados de las familias de las víctimas solicitaron prácticamente las mismas pruebas que en el juicio anterior, que se celebró en enero de 2006 y que fue anulado por la Audiencia Provincial al considerar que no se emplazó correctamente a la compañía Chapman Freeborn, contratista del avión siniestrado.

También son similares las indemnizaciones que se piden, 600.000 euros por familia, ya que, según uno de los abogados, Eudaldo Vendrell, el daño que se causa con la muerte de estas personas «no puede ser medido con un mismo baremo estándar de accidentes de tráfico» sino que es «mucho mayor».

En declaraciones efectuadas al finalizar la audiencia previa, Vendrell insistió en que la «especial dedicación» de estas personas, el tipo de familia o su condición profesional debe ser tenida en cuenta, así como los familiares que ha dejado el fallecido, las edades, el currículum o la proyección de la carrera militar y cuándo se truncó.

Citados

En el juicio, que se celebrará del 24 al 27 de noviembre, se prevé la asistencia del responsable de la contratista del avión, a petición de las familias, ya que aunque el abogado de la empresa, Luis Alberto García, ha intentado que conteste las preguntas ante un tribunal de Alemania, la jueza considera que trasladarse de este país europeo a Zaragoza «no es algo tan extraordinario».

Los letrados de Chapman Freeborn y los de las otras dos compañías implicadas, Ukranian Mediterranean Airlines (UM Air) y Busin Joint-Stock Insurance, han solicitado numerosas pruebas y prácticamente todas ellas han sido aceptadas por la jueza, que sustituye en este proceso al juez Ángel Dolado, recusado por «carencia de imparcialidad», según la Audiencia Provincial.

Vendrell explicó que la argumentación de las tres empresas se basa en que el vuelo era militar y que por ello lo que en este proceso se discute «no es materia civil, sino administrativa», teniendo en cuenta que «las víctimas eran militares».