Ley forzada

a propuesta del Gobierno británico para que las víctimas de malos tratos que puedan acabar matando a su agresor sean imputadas no por el cargo de asesinato sino por el de homicidio, que supondría una pena inferior, puede resultar razonable a la luz de una legislación que ofrece en ocasiones mejores instrumentos de amparo a los atacantes que a quienes son atacadas. Pero resulta cuestionable que la reforma vaya a ser verdaderamente eficaz en la erradicación de la violencia machista cuando alude a una casuística que es minoritaria y cuyo tratamiento no puede transmitir en ningún caso la impresión de que se legitiman las respuestas más drásticas frente al maltrato. Las leyes han de evitar la victimización de aquellas que lo han sido reiteradamente, pero también garantizar que los poderes públicos desplegarán las medidas para evitar que las mujeres violentadas se vean ante tesituras irremediables.