Balanzas fiscales

CiU ha calificado de expolio fiscal la actual situación, y espera que se corrija en la nueva financiación, ERC considera escandaloso, casi escalofriante los datos del déficit fiscal catalán, y Montilla asegura que esgrimirá la balanza fiscal deficitaria para Cataluña como elemento central de negociación de la nueva financiación autonómica, y no ha dudado en afirmar que va a poner en apuros a su ¿compañero de partido? Zapatero.

La polémica esta garantizada. Por si fuera poco hay quien echa leña al fuego. El viernes 18 de julio se podía leer en La Vanguardia «...mientras, Extremadura o Andalucía, trabajan menos y cobran mas, e incluso cuando no sestean se nos engallan ». Es decir, encima de gorrones, gallitos.

A todo esto, Zapatero promete en la clausura del Congreso del PSC que el modelo de financiación que se va a negociar será mejor para Cataluña y para toda España, y ha asegurado que no debe ser motivo de confrontación porque «no es necesario que nadie pierda, podemos hacer que todos ganen». Aparte del milagro de los panes y de los peces, solo se conoce una forma de lograr lo que pretende el Presidente, y exclusivamente para el corto plazo: acudir al déficit público. Pan para hoy y hambre para mañana. Descarto que para resolver este sudoku se acuda a incrementar la presión fiscal, porque entonces la consecuencia sería perversa: quienes mas pagan y ahora protestan, pagarían aun más.

Por otra parte, como no hay nada que esconder en las balanzas fiscales, no debe haber motivo para no publicarlas y en este sentido quizás llevemos 30 años de retraso. Antes de sucumbir a la tentación de responder a los insultos, o a la exageración política, se hace preciso que se analice con rigor científico no solo las balanzas fiscales sino también las balanzas comerciales, de forma que queden meridianamente claras las cuentas territoriales.

La primera objeción a la balanzas publicadas consiste en recordar que en un Estado de Derecho, quienes pagan impuestos son las personas físicas o jurídicas, pero en ningún caso los territorios. En ese sentido y salvo excepciones, (del concierto vasco hablaré en otro momento) todos los españoles sea cual fuere su residencia, tributan iguales y por lo tanto no hay catalanes que paguen mas que andaluces. Un catalán que tenga una renta de cien mil euros anuales tributa lo mismo que un andaluz con igual renta. Y si la renta es de veinte mil euros, lo mismo. No hay discriminación por razón de residencia.

La segunda objeción es que las balanzas fiscales para que reflejen fielmente la realidad, deben ser corregidas para que se pueda saber con exactitud lo que tributan los sujetos pasivos de cada Comunidad, de forma que no se presenten las balanzas siguiendo exclusivamente el criterio del domicilio de los mismos, sino teniendo en cuenta también el lugar de obtención de la renta. Por ejemplo, una entidad bancaria con domicilio en Cataluña y que opere y obtenga beneficios en toda España, aparece en las actuales balanzas fiscales como si todo el beneficio hubiera sido obtenido en Cataluña, cuando la realidad es que ha sido obtenido en toda España, y por ciudadanos de todas las Comunidades Autónomas, pero que tributan en Cataluña porque allí está la sede social. En puridad, habría que prorratear el beneficio obtenido en cada Comunidad e imputárselo a cada una de ellas, sea cual fuere el domicilio de tributación.

Un ejemplo clarificador es Cádiz en la que no tiene domicilio social ninguna entidad bancaria, y por lo tanto, los beneficios de las distintas entidades bancarias obtenidos en Cádiz, con directivos, empleados y clientes gaditanos, tributan y se imputan a la provincia donde tenga la sede social el banco correspondiente. Cádiz no obtiene recaudación de beneficios bancarios.

Recíprocamente, en el caso de las empresas domiciliadas en Andalucía o en cualquier otra Comunidad autónoma y que obtenga beneficios empresariales en Cataluña habría que imputarle esa parte proporcional a Cataluña, cuando ahora se le imputa completamente en la Comunidad de residencia del contribuyente. El resultado total es desconocido.

Un caso paradigmático son las sociedades multinacionales que de capital extranjero, tecnología igualmente extranjera, directivos foráneos y con empleados de toda España se domicilian en Cataluña para operar en todo el territorio nacional, y sin embargo tributan como si fueran empresas catalanas, lo que es incierto salvo por el residual criterio del domicilio. Más del 30% de las multinacionales instalada en España están domiciliadas en Cataluña. Muchas de ellas operan también en Portugal, pero las rentas percibidas en Portugal tributan allí, no así en las Comunidades Autónomas Españolas, donde operan libre de «impuestos territoriales», ya que la entidad recaudatoria -la Hacienda Estatal- es la misma.

En un Estado como el nuestro, estas cuestiones son corregidas por una adecuada redistribución de la recaudación vía Presupuestos del Estado, y no sólo por razón de solidaridad entre regiones, sino por justicia impositiva. Lo percibido a través de los Presupuestos no es exclusivamente solidaridad interregional, sino en parte, redistribución de la imposición.

Lo dicho para Cataluña vale para la Comunidad de Madrid, y reinvidico para Andalucía un empresariado como el catalán, al igual que la iniciativa y el carácter emprendedor de muchos catalanes, pero ello no debe impedir las cuentas claras.

Por ello, o se publican las balanzas fiscales ajustadas, teniendo en cuenta el lugar de la obtención del beneficio, y no solo el domicilio fiscal del contribuyente, o corremos el riesgo de que las mismas se conviertan en una peligrosa arma arrojadiza que menoscabe la convivencia nacional. Las publicadas son imprecisas, y lo que es peor, no sabemos cuanto.