Sarkozy salva en el Congreso su propuesta de reformar la Constitución gracias al voto de un diputado socialista

Los parlamentarios franceses, reunidos en Congreso en el Palacio de Versalles, han aprobado, por un margen de un sólo voto, la revisión de la Constitución impulsada por el jefe de Estado, Nicolas Sarkozy, y su Gobierno conservador. El texto amplia los poderes del Parlamento, delimita los del presidente y da nuevos derechos a los ciudadanos.

Considerada una de las principales apuestas de Sarkozy para modernizar la V República, con el voto en Versalles se culmina un año de reflexión, debates y enfrentamientos, exacerbados a medida que se acercaba el momento del plebiscito definitivo. Se trata de la vigésimo cuarta revisión constitucional desde 1958 y del décimo sexto Congreso de la historia de la V República.

Durante la intervención con la que se ha abierto el debate, el primer ministro, François Fillon, ha apelado al espíritu de "responsabilidad y cohesión nacional" para que el Congreso de Versalles diera su visto bueno a la reforma. "Nuestra Constitución no es ni de derechas ni de izquierdas. Es nuestra ley fundamental", ha dicho Fillon en el hemiciclo del Castillo de Luis XIV. "Vuestro voto dibujará el rostro de nuestra democracia y ese rostro no es disociable del de Francia ", ha agregado recordando que la elección era entre "renovación o 'status quo'".

La oposición, que ha denunciado las "presiones" ejercidas sobre algunos diputados de la derecha reticentes a votar a favor de la reforma, no ha podido impedir la ratificación del texto. Éste otorga nuevos poderes al Parlamento y a los ciudadanos y enmarca el poder del presidente de la República limitando a dos los mandatos consecutivos, si bien permite que el jefe del Estado pueda expresarse directamente ante los parlamentarios, un derecho del que ahora carece. Además, introduce el reconocimiento de las lenguas regionales y mantiene la obligatoriedad de someter a referéndum cualquier ampliación de la Unión Europea pero abre la vía a que el jefe del Estado pueda hacerlo a través de la ratificación parlamentaria.

Apoyo de los ciudadanos

Asimismo, el texto introduce algunos cambios que afectan tanto al Jefe del Estado y al Ejecutivo como al Parlamento. En el primer caso, introduce el derecho hasta ahora negado al presidente de la República de tomar la palabra ante el Parlamento y cuya declaración puede dar lugar a un debate sin voto.

A cambio, se limitan a dos sus mandatos consecutivos; se suprime el derecho de gracia colectivo y se desbanca al jefe del Estado de la presidencia del Consejo Superior de la Magistratura. Mientras, los ministros que sean a su vez parlamentarios recuperarán su escaño automáticamente cuando dimitan o dejen su puesto en el Gobierno.

Para el Parlamento, los cambios introducidos por la reforma pasan por la limitación del recurso a adoptar leyes sin voto, salvo los proyectos de ley de finanzas y de seguridad social. Además, el Gobierno sólo podrá decidir el orden del día 15 días al mes, frente a 14 para la mayoría parlamentaria y uno para la oposición. Los proyectos de ley se examinarán según la versión adoptada en comisión y no la inicial remitida por el Gobierno.

El Gobierno debe asimismo informar al Parlamento de las intervenciones armadas en el extranjero que duren tres días y pedir su autorización si la operación se prolonga más allá de cuatro meses. Otro poder otorgado al Parlamento es la posibilidad de veto a los nombramientos más importantes del Jefe del Estado.

Un resultado "patético" para la oposición

Para los ciudadanos, la reforma constitucional se traducirá en la posibilidad de celebrar un referéndum de iniciativa popular si un quinto del Parlamento lo promueve y logra el 10% de apoyo del censo electoral. Asimismo, se podrá acudir a un 'Defensor de derechos' si los usuarios de un servicio público consideran lesionados sus derechos. Los que estén inmersos en un proceso judicial podrán igualmente acudir al Consejo Superior de la Magistratura.

La votación se ha visto precedida de un gran suspense por la anunciada negativa de los socialistas a aceptar un texto que juzgan insuficiente para garantizar los derechos de la oposición, mientras que el Elíseo se ha movilizado intensamente para evitar lo que se habría considerado sin duda como un duro golpe asestado al presidente de la República. Las disposiciones previstas en la ley de reforma de las instituciones son apoyadas masivamente por los franceses, según los últimos sondeos.

Del lado socialista, su portavoz, Julien Dray, considera un "signo" de que las críticas del PS estaban bien fundadas el hecho de que la reforma haya salido por un sólo voto. En la misma línea, el presidente del Grupo en la Asamblea, Jean-Marc Ayrault, ha calificado el resultado de "patético" y ha apuntado directamente a Jack Lang, que se había desmarcado de la línea del partido, como culpable.

Para el Partido Comunista, el Parlamento, que desde hace un año es "menospreciado, ridiculizado y martirizado" por el presidente de la República, le ha dado no obstante mayoritariamente su confianza.