El Tribunal Constitucional echa el freno a la consulta de Ibarretxe

El Tribunal Constitucional admitió ayer a trámite los recursos del Gobierno y del PP contra la ley de consultas aprobada por el Parlamento vasco y suspendió su vigencia. Acordó asimismo habilitar agosto para los trámites del proceso y dio 15 días de plazo a las partes para presentar alegaciones. El Ejecutivo acogió con satisfacción la medida porque supone «un paso más» para impedir la consulta que promueve Juan José Ibarretxe. El PP se sumó a la complacencia y agradeció la rapidez del tribunal porque «da tranquilidad a los españoles».

La decisión unánime de la corte constitucional frena la pretensión del Gobierno de Vitoria de consultar el 25 de octubre a la sociedad vasca sobre el derecho a decidir y el diálogo con ETA. Está por ver si el frenazo es definitivo o temporal, todo dependerá de si los magistrados resuelven los recursos antes del 15 de septiembre, como han pedido todas las partes. Si falla antes de esa fecha que la norma es inconstitucional, el parón no tendrá vuelta de hoja e Ibarretxe no podrá convocar la consulta sin vulnerar la ley. Lo mismo ocurrirá si el tribunal no adopta una decisión antes de ese día porque la admisión a trámite del recurso acarrea su suspensión durante cinco meses, conforme al artículo 161.2 de la Constitución.

La otra posibilidad es que el tribunal considere en plazo que la norma se ciñe a la carta magna; el 'lehendakari', en ese caso, podrá llevar adelante sus planes. Si llega a esa misma conclusión, pero después del 15 de septiembre, el presidente del Gobierno de Vitoria también podría celebrar la consulta, pero en una fecha distinta a la que tiene en su agenda. Fuentes jurídicas indicaron que es muy probable que el Constitucional tome una resolución antes del 15 de septiembre ante los requerimientos del Ejecutivo central, del PP y del Gobierno vasco. El tribunal, de todos modos, no tiene plazo para pronunciarse, y si no lo ha hecho antes de los cinco meses que dura la suspensión, deberá convocar a las partes, escuchar sus argumentos y decidir si mantiene la paralización o la levanta.

El Constitucional, de momento, ya ha designado los ponentes de las dos impugnaciones: Guillermo Jiménez, para el de la Abogacía del Estado, y Pablo Pérez Tremps, para el del PP. También ha declarado hábil agosto para la tramitación, dato que apunta a una rápida resolución. El tribunal resolvió asimismo rechazar la petición del PP de adherirse a la petición de suspensión de la ley de consultas, prerrogativa que sólo tiene el Ejecutivo, y dejó en suspenso la solicitud de este partido de acumular la tramitación de los dos recursos. Oirá a las partes y resolverá.

Alegaciones

La corte remitirá ahora las demandas al Gobierno de Rodríguez Zapatero, al Congreso y el Senado, así como al Ejecutivo y Parlamento de Vitoria para que en 15 días presenten alegaciones y puedan personarse en el proceso.

El Gobierno aplaudió las noticias del Constitucional. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, indicó que el Ejecutivo está «muy satisfecho» por la decisión, que supone «un paso más para impedir, con la ley en la mano» que la consulta se celebre. Señaló además que Ibarretxe, con su empeño en seguir adelante, «está cometiendo el error de dividir a los vascos», al tiempo que alienta «un falso victimismo». El portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, confió, a su vez, en que si en su día el tribunal resuelve la inconstitucionalidad de la ley de consultas, el 'lehendakari' no ofrecerá «ningún tipo de resistencia» porque ante una decisión de ese calado «no hay ninguna alternativa».

La satisfacción era pareja en el PP y su portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, se alegró de «la rapidez» del Constitucional porque «da mucha tranquilidad a todos los españoles». Confió además en que el tribunal resuelva el fondo de las impugnaciones «cuanto antes».