Los poderes de la CNE para vetar a E.ON no son legítimos

Al tener noticia de la OPA de E.ON, el Gobierno cambió las reglas del juego en pleno partido: confirió por decreto atribuciones a la Comisión Nacional de Energía para intervenir en fusiones que, como la referida, tienen alcance europeo. Inmediatamente, la Comisión protestó por la medida, ya que vulneraba su condición, reconocida, de regulador para las fusiones y concentraciones de rango comunitario. Esta lo era, por los volúmenes de negocio de las empresas concernidas en países diferentes del propio.

Madrid no hizo caso de los requerimientos comunitarios y el asunto terminó ante el Tribunal, en virtud del oportuno recurso interpuesto por el Ejecutivo comunitario en abril de 2007. El Alto Tribunal le ha dado la razón a Bruselas. Estimó que el régimen de autorización previa establecido en las nuevas competencias de la CNE vulnera dos libertades básicas del mercado interior, la de libre circulación de capitales y la de establecimiento.

Sin peso

La Corte entiende también que las razones esgrimidas por las autoridades españolas para imponer la mediación de la CNE, que hacían referencia a la garantía de suministros, no han sido probadas.

En todo caso, el Tribunal europeo estima que la autorización previa «constituye una medida desproporcionada» para el objetivo perseguido de garantía de los suministros y «confiere a la Administración una facultad discrecional difícilmente controlable por los órganos jurisdiccionales que entraña un riesgo de discriminación».

El pronunciamiento del Tribunal se produce cuando ya no hace falta. E.ON retiró su OPA voluntariamente y tendría que demostrar fehacientemente que fueron las condiciones creadas por la CNE las que le desaconsejaron proseguir con la operación. Como, además, E.ON llegó a un acuerdo de reparto de activos de Endesa con Enel y Acciona, los que finalmente se quedaron con la compañía española, cabe considerar que la empresa alemana considera el tema zanjado.