Una gran ciudad
Las reticencias que plantea el Ayuntamiento de Cádiz a acogerse al régimen especial de Gran Población, si finalmente se concretan en una negativa, supondrán un hecho chocante: que ciudades como Algeciras o Jerez serán consideradas, legalmente, Grandes Ciudades, mientras Cádiz no tendrá ese título. Este hecho, entendido dentro de la psicología de esta provincia, tiene una importancia que la capital parece menospreciar. Es cierto que ese título no implica, en sí mismo, ningún distintivo de importancia ni de preeminencia de unas ciudades sobre otras, pero también es verdad que las que lo ostenten podrán exhibir un modelo de organización especial y, al menos en intenciones, de gestión más moderna, ágil y participativa. Y es extraño que, voluntariamente, Cádiz abandone una distinción especial, prefiriendo seguir en el pelotón general del régimen común, cuando dedica buena parte de su política a exhibir otras certificaciones, de importancia puntual, para distinguirse de otras ciudades. Desde las banderas azules a certificados varios de calidad. Todas ellas, igualmente, costosas de conseguir y mantener.
Actualizado: GuardarEs cierto que, como dice la alcaldesa Martínez, la condición de Gran Ciudad no implica una financiación especial y que el desarrollo de esa organización tiene un costo. Esas fueron, precisamente, las principales quejas que recibió este proyecto cuando fue aprobado en 2003 por el Gobierno de Aznar. Hablo de la Ley de Modernización del Gobierno Local, que añadió ese nuevo Título, el de Municipios de Gran Población, a la Ley de Bases del Régimen Local. Es interesante acudir a las hemerotecas para recordar como nuestra alcaldesa celebró la enmienda, consensuada entre los dos grandes partidos, para incluir a las capitales de provincia de menos de 175.000 habitantes si, a iniciativa del propio Ayuntamiento, lo aceptaba el Parlamento regional. O cómo, en octubre de 2003, ante las citadas quejas de falta de financiación, manifestaba el entonces director general de Administración Territorial que «las plantillas actuales que tienen los consistorios permite estos cambios sin gastos añadidos». De entonces acá sólo ha cambiado el partido que gobierna la nación, no la Ley. Pero lo que entonces era estupendo y se podía asumir, ahora no aporta nada y cuesta mucho. ¿Qué es lo que molesta de esa misma Ley que, como senadora entonces, tuvo el voto personal de la alcaldesa de Cádiz?
La nueva organización de Grandes Ciudades supone relanzar la Junta de Gobierno como órgano ejecutivo de la ciudad, asumiendo competencias del alcalde y del Pleno. Adquiere atribuciones propias y no las que la alcaldía le delegue, dejando de tener ese carácter de mera asistencia al alcalde, funciones que conserva el régimen general. No debería molestar que el reparto del trabajo, que ya existe, se visualice mejor. Aunque algún asesor puede temer que tenga un coste electoral una alcaldesa no tan imprescindible ni ubicua.
En las Grandes Ciudades se obliga a facilitar una mayor participación ciudadana. Una ciudad que lleva años mareando un reglamento para lo mismo se encontraría con órganos con funciones de asesoramiento pero también de vigilancia. Desde un consultivo Consejo Social, donde las organizaciones sociales accederían a información municipal, hasta esa Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, especie de Defensor del Vecino, que debe dar forma pública de informe a las quejas de los ciudadanos, reclamaciones que ahora por supuesto se desconocen, para evaluar las deficiencias observadas. Órganos molestos aunque, desde luego, controlados. Para eso, la Ley no dice en qué casos son preceptivos los informes del Consejo y la composición de la Comisión está en cómoda proporción a la mayoría. Pero mejor sin testigos de vista.
La gestión económica de las Grandes Ciudades cambia notablemente. Se exige seguir el coste de los servicios para comprobar si se gestionan con eficacia. Saber cuánto cuesta cada cosa que se hace y dónde se despilfarra. Esa mejora de la eficiencia de los fondos municipales ya reporta esos beneficios económicos que se le piden al sistema de Grandes Ciudades. Aunque también la participación de los vecinos es un gran beneficio. Espero que no se les negará por lo que cuesta.
