Crisis hipotecada
La crisis hipotecaria desatada hace un año en EE UU a causa de la falla provocada por los préstamos con riesgo parece haber descrito, por efecto de la concurrencia del alza del precio del petróleo, un viaje de ida y vuelta al mismo punto de partida. El anuncio por parte de la Reserva Federal y del Departamento del Tesoro norteamericanos de que aportarían fondos y créditos a las firmas Fannie Mae y Freddie Mac si viesen riesgos de insolvencia en estas dos compañías semipúblicas así lo indica. Ambas han constituido una garantía inestimable para el desarrollo del mercado de la vivienda estadounidense, y su mantenimiento resultaría crucial para que el mismo no se desplomara estrepitosamente. Pero ni la posible inyección de dinero público para estas dos grandes firmas hipotecarias ni la intervención federal el pasado viernes sobre Indymac parecen haber tranquilizado a los inversores. Con ser iniciativas imprescindibles, está claro que el temor a un imparable deterioro de la solvencia de éstas y otras compañías retrae al mercado, y se convierte en un factor propicio a ese mismo deterioro. Teniendo en cuenta además que las vicisitudes por las que atraviesan prestatarias e hipotecarias afectan a la solidez del sistema financiero en su conjunto.
Actualizado: GuardarLa sorpresiva aparición de la crisis hipotecaria en EE UU generó el pasado verano una enorme inquietud sobre su verdadera magnitud, y tanto las entidades financieras como las autoridades políticas parecieron contener la respiración hasta ver por dónde afloraban los préstamos empaquetados y puestos en el mercado en años anteriores. En buena medida la cautela se confundió con la impasibilidad de muchos actores que sólo supieron advertir sobre la existencia de dos burbujas inmobiliarias en sendos países europeos: España e Irlanda. Aquella advertencia era fundada, tal como se está comprobando en nuestro país. Pero sería un grave error que un año después del aviso, a la pequeña escala española, también se siguiera optando por esperar a ver qué pasa. Porque la brusca depreciación de un suelo sobrevalorado en el pasado no sólo atenaza el futuro de las compañías promotoras, pone en dificultades a las arcas municipales y compromete a las entidades financieras más vinculadas al préstamo hipotecario.
