Una libertad más difícil

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sigue muy de cerca la evolución de los extranjeros presos, aunque no ve con preocupación su rápido aumento. Reconoce que la población foránea reclusa está sobredimensionada en comparación con la población extranjera residente en España, pero los responsables del Ministerio del Interior creen que esta circunstancia es «fiel reflejo» de la nueva sociedad de este país.

No obstante, los expertos de prisiones admiten que no es una novedad porque «históricamente» la proporción de extranjeros ha sido mayor en las cárceles que en la calle. Pero esta circunstancia tiene varias explicaciones, según los analistas.

Los técnicos justifican el alto porcentaje de extranjeros encarcelados, no sólo porque se trata de un colectivo pobre -por eso emigra- y que en algunos casos está ligado a la delincuencia, sino por la dificultad de muchos de estos inmigrantes presos para acceder al tercer grado, en el caso de los penados, o a la libertad provisional, si son preventivos, al no poder justificar ante las autoridades un arraigo familiar o social. Los jueces y las juntas de tratamiento, a la hora de excarcelar a un interno antes de tiempo, quieren garantías de que el interno, aunque libre, estará siempre a disposición de la justicia.

Para ello, tienen muy en cuenta que el recluso tenga un domicilio conocido y estable, una familia que esté en condiciones de mantenerle, un entorno social que pueda conseguirle un trabajo o los recursos económicos suficientes para estar en libertad sin necesidad de volver delinquir.

Más tiempo

Son exigencias que, en la mayoría de los casos, no pueden cumplir los inmigrantes que acaban de llegar a España y en consecuencia, cuando entran en prisión, suelen cumplir un tiempo superior entre rejas que el que soportan sus compañeros nacionales.

El hecho de ser extranjero también condiciona en muchas ocasiones a los jueces y responsables penitenciarios, que consideran que hay un mayor riesgo de fuga por tratarse de un ciudadano que es posible que no tenga raíces ni familia en España. Y el riesgo de fuga es, precisamente, uno de los motivos legales más comunes para decretar medidas cautelares para un delincuente como, por ejemplo, la prisión preventiva.