La detención de empresarios coincide con una nueva oleada de cartas de extorsión

La investigación sobre el supuesto pago de la extorsión etarra iniciado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en las últimas semanas ha coincido con el envío de una nueva oleada de cartas de chantaje de la banda, según han confirmado fuentes de la lucha antiterrorista. La coincidencia en el tiempo de ambos hechos no sería casual ya que, según algunas hipótesis policiales, tanto el envío de las cartas como los documentos que está utilizando el magistrado para ordenar las pesquisas podrían tener el mismo origen: el piso de Burdeos donde fue detenido el jefe político de ETA, 'Thierry', el pasado 20 de mayo.

Las misivas han llegado a lo largo del mes de junio, por lo que las fuerzas de seguridad sospechan que fueron enviadas a finales de mayo o muy poco después. Las cartas siguen siendo amenazantes, ETA pide cantidades elevadas y diferencia, como en otras ocasiones, entre aquellos que la reciben por primera vez y a quienes se les envían recordatorios, por lo que el tono agresivo es mucho mayor. Los expertos creen, no obstante, que el volumen de cartas es ligeramente superior al continuo envío que la banda ha llevado a cabo en los últimos meses. Las fuerzas de seguridad y los portavoces de las principales patronales vascas y navarras ya habían señalado recientemente que la llegada de misivas de la banda se había convertido en un «goteo constante».

Las fuerzas de seguridad estudian la posibilidad de que este envío esté relacionado con las actividades que realizaban los etarras que fueron detenidos el pasado 20 de mayo en Burdeos. En la operación, fueron arrestados el considerado jefe político de ETA, Francisco Javier López Peña, 'Thierry', así como el ex parlamentario de Batasuna Jon Salaberria, la ex teniente de alcalde de Andoain, Ainhoa Ozaeta e Igor Suberbiola. Las detenciones que está llevando a cabo el juez de la Audiencia Nacional por supuestos pagos a ETA surgen de documentación incautada en el piso donde 'Thierry' se había reunido con los otros etarras. En este sentido, se trataba en la mayoría de los casos conocidos hasta el momento de cartas en las que la banda se dirigía a empresarios que, supuestamente, habían realizado algún tipo de pago en el pasado y según el criterio, adeudaban dinero a la organización. En uno de los casos, el de las dos hermanas de Orio vinculadas con negocios de marisco, era de agradecimiento por haber entregado a la banda 6.000 euros. Estas cartas estaban pendientes de ser enviadas.

La investigación

Una hipótesis con la que trabajan las fuerzas de seguridad es que López Peña se había reunido con Salaberria y con Ozaeta para supervisar su trabajo dentro del aparato de finanzas de ETA y que en realidad fueran estos dos miembros de la banda quienes se estaban encargando de controlar los envíos de misivas de extorsión.

Esta teoría se ve reforzada por el hecho de que Salaberria ya había tenido en el pasado responsabilidades vinculadas con las finanzas de la organización terrorista. Según una investigación de la Audiencia Nacional llevada a cabo en 2005 y en la que no se presentó a declarar, con anterioridad a estos años formaba parte de los comités de la izquierda abertzale desde los que se enviaba a la banda información sobre las gestiones realizadas en Euskadi con respecto al cobro del denominado 'impuesto revolucionario'.

De la misma manera, Salaberria está procesado por haberse encargado de la gestión de las sumas que se recaudaban mediante las herriko tabernas. En este sentido, la también arrestada Ainhoa Ozaeta Mendicute es una titulada en gestión de empresas cuyo nombre ha aparecido en sumarios judiciales vinculado a la titularidad de las cuentas bancarias que han utilizado las estructuras de la izquierda abertzale para financiarse.