ANÁLISIS

Contra las cuerdas

Las FARC llevaban tiempo preparándose para un intercambio de prisioneros de alto nivel que les legitimara internacionalmente, lavara su pésima imagen y les devolviera apoyo popular. Incluso se habían esforzado en mejorar el aspecto físico de los secuestrados. Pero Bogotá se ha adelantado, privándoles de su mejor baza de presión. De haber tenido éxito, este acuerdo humanitario, que afecta a los 700 rehenes en su poder, habría excluido a las FARC de las listas de terroristas de EE UU y de la UE y permitido alcanzar su sueño de convertirse en una fuerza revolucionaria con un proyecto político. La liberación de algunos de los más significativos cautivos constituye un éxito más de las eficaces medidas del Gobierno Uribe, que desde la implantación en 2002 de la Política de Seguridad Democrática y su asentamiento con la nueva Política de Consolidación ha conseguido avances sin precedentes, gracias sobre todo al decidido apoyo de la Inteligencia estadounidense y a la modernización de las fuerzas armadas colombianas.

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Las FARC que quedan están dedicadas a actividades criminales, con sus dirigentes sistemáticamente eliminados -más de 100 en 2007- y sus efectivos reducidos a 10.000 hombres, casi la mitad que hace cinco años por deserciones incesantes (1.558 en 2006 y 2.067 en 2007). A esto se añade una división interna a la que a duras penas pone freno la férrea disciplina. Están los más veteranos que todavía mantienen la frescura ideológica de sus inicios en 1964, una combinación de marxismo y nacionalismo que aún despierta fervor entre los más jóvenes. Pero el resto, la gran mayoría, hace tiempo que cayó en la trampa del materialismo, dedicándose a negocios truculentos. Con una aproximación antes maoísta que leninista, las FARC centran su presencia en zonas rurales cada vez más remotas. Las estimaciones más optimistas cifran en apenas un centenar el número de sus activistas en Bogotá.

La bestia herida todavía podría optar por una última acción desesperada. Sin embargo, la efectividad de las campañas antidroga que secan sus ingresos y la presión militar intensificarán las disputas y las fugas internas. Mucho tendrán que ver en ello los 3.150 millones de euros de EE UU. De ahí que la paulatina pero definitiva entrega de las armas se antoje viable.