Paliar la inseguridad
El Gobierno comienza a sentir los efectos del frenazo económico sobre su insuficiente mayoría en las Cortes. La evidencia de que el Ejecutivo sólo agilizó la comparencia en el Congreso de José Luis Rodríguez Zapatero para ofrecer explicaciones acerca de la crisis una vez que la oposición había aunado posiciones para forzarla, unida al rechazo en el Senado del techo de gasto, constituyen síntomas elocuentes de las dificultades con que pueden encontrarse los socialistas mientras no se garanticen apoyos más estables. Pero junto a ello, lo ocurrido ayer da prueba de la incapacidad del Gobierno para hacer valer con nitidez su liderazgo en la gestión de los escollos que están lastrando la economía, un déficit en la actuación gubernamental que no sólo refuerza su vulnerabilidad ante las críticas de sus adversarios. También merma su credibilidad ante una ciudadanía preocupada, que únicamente podrá contrarrestar la inseguridad provocada por la sucesión de indicadores negativos si percibe con claridad que el Ejecutivo está dispuesto a asumir la gravedad de los obstáculos surgidos y responder en consecuencia.
Actualizado: GuardarEn este sentido, el desajuste entre el plan de medidas detallado el lunes por Zapatero y las advertencias sobre los riesgos que agravan la desaceleración en nuestro país y las reformas que serían precisas para aminorarlos realizadas por el Banco de España no están contribuyendo al objetivo primordial que tiene ante sí el Gobierno, que es el de intentar restablecer la confianza de consumidores y empresarios. Aunque la institución dirigida por Miguel Ángel Fernández Ordóñez apuntó ayer que las iniciativas del Ejecutivo avanzan en la dirección correcta, éste debería atender la inquietud expresada por el primero sobre el arraigo de un diferencial de inflación con respecto a la UE que no tiene su origen únicamente en el acusado encarecimiento del crudo y de los alimentos, y que requerirá de actuaciones de contención que vayan más allá de la trasposición de la directiva comunitaria sobre servicios anunciada por el Gobierno.
Igualmente, parece razonable la propuesta del Banco de España para que se flexibilice la oferta de alquiler a fin de dar salida a inmuebles hoy vacíos o de difícil venta a causa del desplome inmobiliario; como lo es que el Ejecutivo no rehúya en el diálogo comprometido con los agentes sociales las sugerencias sobre la moderación de los márgenes empresariales y la reforma del mercado laboral y del sistema de pensiones para readecuarlos a las nuevas necesidades económicas. El drástico recorte sufrido por el superávit público, la principal herramienta para paliar las consecuencias de la crisis, obliga más si cabe a una gestión rigurosa de las dificultades por parte del Gobierno, al que compete la responsabilidad de acertar en la administración de la crisis. Pero la preocupación de la ciudadanía también precisa de que la oposición cumpla su papel con la mesura que exige una coyuntura tan delicada.
